«The Enemies List», de Alberto Toscano, aparecerá próximamente en la columna del autor en In These Times. Entretanto, se ofrece en traducción anticipada a los lectores de Communis. Lee en Communis, también de Alberto Toscano, «Cuba bajo asedio» y «Antifa por todos lados».
«La izquierda internacionalista debe mantener y reparar las infraestructuras de resistencia, no sólo contra el asalto frontal de un Trump o un Miller, sino contra ese tipo de asfixia que se vale de la violencia silenciosa del dinero y de la ley para sofocar toda alternativa liberadora al statu quo.»
— Alberto Toscano
Hace un año, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, la Casa Blanca intensificó su campaña contra la disidencia de izquierda utilizando para ello como arma la categoría —de dudoso fundamento jurídico— de «terrorismo interno»: primero en el decreto ejecutivo de 22 de septiembre de 2025 contra «Antifa» y, tres días después, en el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional NSPM-7. En este último se declara que «la mentira “antifascista” se ha convertido en el grito de guerra organizado utilizado por el terrorismo interno para lanzar un violento ataque contra las instituciones democráticas, los derechos constitucionales y las libertades fundamentales del pueblo estadounidense» y se ordena a los organismos federales que elaboren una estrategia nacional para prevenir, desarticular y enjuiciar aquellas «redes» y «conspiraciones» que supuestamente pretenden socavar y derrocar el sistema de gobierno de Estados Unidos.
Difundida por el Gobierno de Donald Trump en colaboración con un grupo de influencers y medios de comunicación de extrema derecha, esa estrategia sirvió de marco para la acusación y el enjuiciamiento en la causa Prairieland, por la que se imputaron cargos contra nueve activistas en relación con una protesta solidaria frente a un centro de detención del ICE en la que un agente resultó herido, en circunstancias que siguen siendo objeto de controversia. En junio, los acusados fueron condenados a una pena combinada de 450 años de prisión, en gran parte por acciones consideradas como «apoyo material» al terrorismo; quizás el caso más flagrante sea el de Daniel Rolando Sánchez-Estrada, quien ni siquiera estaba presente en la manifestación y a quien se le impusieron 30 años por trasladar una caja de fanzines anarquistas, lo que se consideró un caso de «conspiración para ocultar documentos mediante corrupción». Ese mismo mes, se volvió a invocar a Antifa en los cargos federales presentados contra quince miembros de Direct Action Minnesota por su participación en protestas contra ICE. Al igual que los fiscales en la causa Prairieland interpretaron el hecho de llevar ropa negra durante una manifestación como prueba de la intención de cometer actos de terrorismo, el uso de la aplicación de mensajería Signal se consideró una prueba de conspiración en la causa incoada en Minneapolis.
Si bien estos casos ponen de manifiesto los graves efectos de la aplicación del arsenal jurídico e ideológico de la lucha contra el terrorismo al activismo de izquierda —imaginado como una vasta red conspirativa («Antifa»)—, los esfuerzos del Gobierno de Trump por reprimir a la oposición han tenido siempre un alcance internacional. Una de las razones es de carácter jurídico: si bien en ninguna ley en vigor se contempla la figura de terrorismo interno, la designación como organización terrorista extranjera (FTO) o grupo terrorista especialmente designado (SDTG) tiene consecuencias de largo alcance, sobre todo para ciudadanos o residentes estadounidenses acusados de prestar apoyo material. El deseo de presentar a «Antifa» como una conspiración internacional, heredera de la fantástica «red terrorista» dirigida por los soviéticos que tanto preocupó a la CIA en la década de los ochenta del siglo pasado, es lo que explica la decisión, por lo demás quijotesca, de designar como terroristas a cuatro grupos europeos marginales y minúsculos en noviembre de 2025.
Todos esos esfuerzos por internacionalizar la campaña contra el activismo de izquierda estuvieron igualmente detrás de la gran fábula, fabricada con ayuda de Claude, sobre el papel de Cuba como «la capital del comunismo en el siglo XXI», lanzada para acompañar la intensificación de la guerra económica contra el Estado insular socialista, y se amplificaron todavía más en la «Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político», conferencia internacional organizada en julio en Washington, D.C. por el Secretario de Estado Marco Rubio. En su discurso de apertura, Rubio arremetió contra los medios de comunicación y la élite académica, a los que acusó de tratar la violencia de izquierda como una «clase aparte protegida» y declaró de forma ominosa: «Es hora de acabar para siempre con este mal.» Su discurso evocó el regreso del espectro de la lucha armada de la década de los setenta —de las Brigadas Rojas y el grupo Baader-Meinhof en Europa a los Weathermen y el Black Liberation Army (Ejército Negro de Liberación) en Estados Unidos— y pintó un retrato injurioso de izquierdistas violentos y enemigos de la grandeza y la civilización occidentales, animados por el resentimiento.
Para Rubio, la amenaza que hay que erradicar es la de «una revuelta de los peores contra los mejores, una revuelta de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos… perpetrada por aquellos que no son capaces de construir, de crear, que no pueden lograr grandes cosas, y que se vengan del mundo por su propia insuficiencia tratando de destruir a quienes sí pueden». Sentimiento del que se hizo eco, en tonos característicamente estridentes e hiperbólicos, Stephen Miller, subjefe de gabinete para políticas de la Casa Blanca, quien pidió a la audiencia que reflexionara sobre por qué ninguno de los que asisten a las protestas de «Antifa» parece una persona normal. Su respuesta se basaba en una teoría, de conocidos ribetes fascistas, según la cual las ideas de izquierda se manifiestan como degeneración física: «Cada uno de ellos, a lo largo de su vida y de sus decisiones, ha marcado su cuerpo y su aspecto de muchas formas diferentes, hasta el punto de que su apariencia exterior se convierte en una manifestación de su odio interior.»
Detrás de toda esa retórica subnietzscheana sobre la revuelta de los débiles —que, al igual que el pastiche anticomunista del informe sobre Cuba, data de hace mucho tiempo— se esconde sin embargo una estrategia de represión bien definida y terriblemente contemporánea. Rubio advirtió del alcance y los métodos verdaderamente internacionales de esta Internacional de la subversión, que no cree en fronteras ni en naciones y que comparte no sólo los mismos enemigos (la familia, Occidente, la civilización, el cristianismo, el capitalismo) sino también «la misma infraestructura». Por su parte, Miller siguió haciendo hincapié en la necesidad de «desarticular, identificar, privar de financiamiento, excluir del sistema bancario, detener y procesar» a los nodos de esa nueva red terrorista.
Semejante «arquitectura contra el terrorismo» necesita presentar cualquier acto aislado de «violencia de izquierda» (incluidos casos tan dudosos como el asesinato de Kirk y el tiroteo de 2025 en la Escuela Católica de la Anunciación) como vinculado a todos los demás, tanto ideológica como materialmente. Sólo en el contexto de esa estrategia es posible entender la designación del colectivo hacktivista antifascista italiano y proveedor de servicios digitales Autistici/Inventati (también conocido por las siglas A/I) como grupo terrorista especialmente designado por el Departamento de Estado y, a la vez, su inclusión en la lista de «Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas» por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, disposición derivada de la Orden Ejecutiva 13224, firmada por George W. Bush el 23 de septiembre de 2001. La designación de A/I se produce junto con la de Palestine Action —grupo de acción directa cuya designación como organización terrorista por parte del Gobierno del Reino Unido ha sido objeto de continuas protestas e impugnaciones— y el Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina (Masar Badil).
A/I —fundado en 2001 en el contexto del movimiento contra la globalización y de la movilización contra el G8 en Génova— prestaba servicios como blogs, listas de correo, correo electrónico y alojamiento de sitios web a grupos y personas con los que sentía una amplia afinidad política. Sin embargo, su calificación como organización terrorista no guarda relación alguna con ninguna acción que hubiese llevado a cabo el colectivo; de hecho, no existe acusación pendiente contra el grupo ni en Estados Unidos ni en Italia. La acusación del Departamento de Estado se basa más bien en la presunción de que sus infraestructuras digitales facilitaron actos de «violencia de izquierda», desde el sabotaje ferroviario en Europa hasta la resistencia contra Cop City en Atlanta, pasando por las comunicaciones de grupos que van de Rose City Antifa al PKK kurdo. Los efectos de la designación, tal como se pretendía, no se hicieron esperar y resultaron drásticos. En Italia, donde la designación estadounidense carece de validez jurídica, A/I vio cerradas sus cuentas por Banca Etica, entidad que declaró que, a pesar de su oposición a la campaña contra su cliente, no podía arriesgarse a asumir las consecuencias para sus otras 130 000 cuentas en caso de que las sanciones secundarias del Tesoro afectaran al acceso del banco a Visa, Mastercard, Nexi y al cambio de dólares.
Recurriendo a una táctica que ya se había empleado contra la Relatora Especial de las Naciones Unidas Francesca Albanese y varios funcionarios de la Corte Penal Internacional por sus acciones contra el genocidio de Israel en Gaza, el objetivo del Gobierno de Estados Unidos era «hacer que el colectivo se convirtiera en un “intocable” para los proveedores de servicios económicos y tecnológicos». Washington y el desmesurado poder del dólar en el sistema financiero internacional —y, concretamente, en las transacciones monetarias— hacen que las entidades bancarias —quizás incluso más que los gobiernos— actúen con excesivo zelo a la hora de cumplir con cualquier sanción o medida impuesta a terceros por Estados Unidos y así evitar riesgos innecesarios, lo que puede convertir a cualquier oponente en un ser inexistente desde el punto de vista económico, con todas las consecuencias sociales y políticas que ello conlleva. Como observó A/I, poco antes de disolverse para proteger a sus exclientes contra cualquier proceso inculpatorio, el Gobierno de Trump los convirtió en blanco de una especie de «guerra híbrida» cuyo aspecto más preocupante es la ausencia de todo esfuerzo concertado por parte de instituciones italianas o europeas para defender el derecho a la libertad de expresión, que es también el derecho a las infraestructuras digitales que la hacen posible. Como señaló el colectivo Sabot Media, las sanciones estadounidenses crean un «perímetro de miedo» en torno a quienes son sancionados, contra quienes se actúa por adelantado y en sustitución de la ley.
En el caso de A/I, vemos como se aplica una herramienta fundamental del Gobierno de Trump en su cruzada contra la izquierda en nombre de la lucha contra el terrorismo, en versión miniaturizada de la guerra económica que se ha desplegado contra Estados-nación como Cuba, Iraq e Irán, entre otros. En su trabajo sobre el papel del imperialismo estadounidense en el despojo y la represión de los palestinos, la académica Lisa Bhungalia ha calificado de «asfixiante» la violencia política que se ejerce mediante el uso de listas de terroristas y la ha descrito como un «proceso de constricción más silencioso y prolongado en el tiempo que erosiona progresivamente las condiciones de habitabilidad a través de la desconexión forzada y el aislamiento». El «nuevo miedo al comunismo» que tiene como blanco a «Antifa» y a una amenaza izquierdista global se sustenta en las disposiciones jurídicas antipalestinas, antiinmigrantes y antimusulmanas que cristalizaron con la denominada «guerra contra el terrorismo» cuando comenzaron a aparecer las primeras listas de terroristas. Como señala acertadamente Bhungalia, la actual ola de represión es «un acervo de décadas pasadas que se superponen unas a otras, por lo que no es de carácter excepcional ni constituye una ruptura radical con lo anterior». El propio relato de Rubio en la Reunión Ministerial, que presenta la necesidad de una renovada arquitectura contra el terrorismo como expresión de una lucha que ya dura décadas contra la subversión radical, no hace más que confirmar esa visión. Entre las tareas de una izquierda internacionalista se encuentra la de mantener y reparar las infraestructuras de resistencia, no sólo contra el asalto frontal o la retórica fascista de un Trump o un Miller, sino contra ese tipo de asfixia que se vale de la violencia silenciosa del dinero y de la ley para sofocar toda alternativa liberadora al statu quo.
Feature image: Headline on the U.S. Department of State’s Weekly Roundup on the Italy-based Autistici/Inventati Collective going off the air following its designation as a terrorist organization by the U.S. Government. Source: U.S. Department of State on X.
Translated from the unpublished English original by Rolando Prats.
