«Land of the Unfree», cuya traducción al español se presenta en el texto que sigue, se publicó originalmente en In These Times el pasado 2 de abril. Se ha respetado la ortografía inglesa de nombres propios de origen árabe, actualmente de amplia circulación en medios de todo el mundo —aun cuando dicha ortografía no se corresponda con las normas y convenciones al uso en español— con el fin de facilitar su reconocimiento y la mejor comprensión del texto.

«Como muestra la difícil situación de Mahmoud Khalil, la democracia estadounidense corre el riesgo de morir en la tenebrosa oscuridad de centros de detención.» — In These Times

«¿Quién tiene derecho a tener derechos?»

Es esa la urgente pregunta que se hace Mahmoud Khalil, el recién egresado de la Universidad de Columbia que fuera secuestrado en su casa el 8 de marzo, en la conmovedora carta abierta que dictara, desde un calabozo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Luisiana, diez días después. En la carta, Khalil proclama su condición de «preso político» palestino​ y reafirma su solidaridad con todos aquellos que se han visto arrojados al limbo punitivo de la maquinaria de detención y deportación del gobierno de Trump.

Desde que se iniciaron las acampadas universitarias ha quedado claro que personas como Khalil —estudiantes internacionales comprometidos con el activismo universitario en favor de Palestina— no iban a poder ejercer ningún derecho a la libertad de expresión, reunión o circulación que el gobierno estadounidense se sintiese obligado a respetar y que se convertirían en blanco de una represión cada vez mayor por parte del gobierno. La plataforma de Trump, aprobada el año pasado por el Comité Nacional Republicano, incluye entre sus veinte puntos «deportar a radicales pro-Hamas y hacer que nuestros recintos universitarios vuelvan a ser lugares seguros y patrióticos».

El caso de Khalil —cuyo papel como negociador del movimiento de solidaridad con Palestina en Columbia se calificó de riesgo para la seguridad nacional en grado suficiente para hacer valer la revocación de su tarjeta de residente permanente—­, junto con otros casos de deportación por motivos políticos, como los de Badar Khan Suri, Rasha Alawieh, Momodu Taal, Yunseo Chung y, más recientemente, Rumeysa Ozturk, a quien el pasado miércoles se llevaron agentes enmascarados en una calle de Somerville, Massachusetts, es escandaloso pero no debería sorprender, pues ocurre al compás de otras formas de militarización del sistema de inmigración por parte de un poder ejecutivo cada vez más autoritario.

Entre ellas cabe mencionar el secuestro y la deportación el mes pasado de más de 200 presuntos miembros de bandas a los distópicos campos de prisioneros de El Salvador, a pesar de que no pocos entre esos deportados carecen de antecedentes penales y de que ya se ha demostrado que algunos son casos de identificación errónea. Tales expulsiones, profundamente anómalas, en las que no se avisó a las personas del lugar al que se las trasladaría ni se les ofreció la oportunidad de presentar recursos de hábeas corpus, llevaron el pasado lunes a la jueza Patricia Millett, del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, a señalar que «[l]os nazis habían recibido mejor trato al amparo de Ley de Enemigos Extranjeros», que data de 1798 y que el gobierno de Trump ha utilizado como modelo jurídico.

A ello añádase lo que M. Gessen, periodista de The New York Times, denominó acertadamente «desnacionalización» de ciudadanos transgénero —es decir, la negativa a expedir pasaportes en que se estampe la marca de género «X» o a reconocer la identidad de género postransición, aunque el cambio de género se haya hecho legalmente—, con lo cual el gobierno da a entender que​ «las personas trans son una amenaza para el país».

El gobierno de Trump se está aprovechando de disposiciones jurídicas que durante largo tiempo han facilitado la persecución de ciudadanos extranjeros, entre ellos residentes permanentes, por la expresión de sus ideas políticas. Pero también está señalando su intención de ignorar toda barrera jurídica que se interponga a la adopción de tales medidas, valiéndose de la​ «doctrina de plenos poderes» —la debatida pero extendida creencia de que la política inmigratoria del ejecutivo es en gran medida inmune a toda supervisión judicial— para reivindicar una supremacía no sujeta a ningún control. Las dimensiones profundamente autoritarias de esa visión se pusieron de manifiesto en declaraciones hechas la semana pasada por Sebastian Gorka, Director Superior de Lucha contra el Terrorismo en el gobierno de Trump, en las que afirmó: «Hay una persona […] con el derecho a decidir quién puede permanecer en Estados Unidos, a qué extranjeros se autoriza a ingresar en el país y a quiénes se les niega la entrada […] y esa persona es Donald Trump.»

La guerra jurídica en contra de la solidaridad con el pueblo palestino tiene una larga historia en Estados Unidos. Como se describe en un importante informe de 2024 presentado por el Center for Constitutional Rights y el grupo de presión Palestine Legal,​ la figura del «terrorismo» se abrió paso por primera vez en la legislación federal en 1969, con el objetivo de restringir la ayuda proporcionada por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA). En la primera ley de inmigración estadounidense en que se nombró​ al «terrorismo» como motivo de exclusión y deportación se hizo asimismo figurar en esa categoría la defensa política de la causa palestina, sobre la base del supuesto de que «todo extranjero que sea agente, funcionario, representante o portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina […] es partícipe en actos de terrorismo.»

Pero tampoco debemos subestimar los legados del macartismo y del Temor Rojo. La orden del Departamento de Seguridad Nacional en la que se describen las razones por las que Khalil es​ «susceptible de expulsión» cita como fundamento jurídico una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que autoriza al Secretario de Estado a deportar a cualquier extranjero cuya presencia continuada se considere igualmente susceptible de «consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de Estados Unidos». Esa disposición se remonta a la Ley McCarran-Walter de 1952, que preveía la​ «exclusión ideológica» de los extranjeros considerados políticamente subversivos; es decir, por entonces y en lo fundamental, comunistas. No obstante, como ha señalado recientemente el historiador Joshua Zeitz, también se vio alentada por el antisemitismo del senador demócrata por Nevada Pat McCarran, como demuestra el afianzamiento en la Ley de sistemas de cuotas que ya entonces perjudicaban a inmigrantes judíos de Europa del Este, a menudo sospechosos de simpatías marxistas. La Ley McCarran-Walter también se utilizó en lo que constituye un claro precedente del caso de Khalil, el intento de deportación en 1987 de «los ocho de Los Ángeles»​; ocho inmigrantes (la mayoría estudiantes palestinos), entre ellos dos residentes permanentes, acusados de apoyar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), calificado de organización que abogaba por el «comunismo mundial». A la larga, fiscales del gobierno estadounidense desestimaron el caso en 2007.

El entrelazamiento de racismo antipalestino e islamofobia, por un lado, y del legado de anticomunismo, por el otro, cala bien hondo. Cuando la Corte Suprema confirmó la «prohibición de entrada a los musulmanes» decretada por Trump en 2017​, para lo cual sostuvo que la exclusión de extranjeros era una​ «atribución soberana fundamental ejercida por departamentos políticos del Gobierno que en gran medida eran inmunes a la supervisión judicial», citaba explícitamente como precedente el fallo de la propia Corte en 1972 en el caso Kleindienst c. Mandel, por el que se ratificara la decisión del gobierno de Nixon de denegar la entrada al intelectual trotskista belga Ernest Mandel.

También vale la pena recordar que, aunque todavía no haya emitido ninguna orden ejecutiva al respecto, durante su campaña Trump prometió invocar otra disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para​ «impartir órdenes a [su] gobierno de denegar la entrada a todos los comunistas y a todos los marxistas», en consonancia con su eslogan chovinista según el cual «quienes vienen a disfrutar de nuestro país deben sentir amor por nuestro país».

En su influyente historia de la exclusión ideológica y la deportación, Threat of Dissent, la investigadora Julia Rose Kraut observa que las leyes de inmigración estadounidenses delatan​ «un miedo subyacente y perpetuo a la subversión interna y externa […] así como la aparente condición de los extranjeros como fuente de subversión, responsables de instigar la disidencia y de importar ideologías radicales». Esa política del miedo es espoleada por dos vertientes estrechamente entrelazadas del nativismo estadounidense: antirradicalismo y racismo.

Si se quiere ver de qué manera ello se manifiesta hoy en día, considérese la retórica utilizada en una «nota informativa» redactada en enero por la Casa Blanca​ sobre la forma en que se propone «combatir el antisemitismo» mediante​ la «cancelación de los visados de estudiante de todo simpatizante de Hamás en los recintos universitarios, que como nunca antes se han infestado de radicalismo».

Tras el secuestro administrativo y la amenaza de deportación de Khalil, el analista palestino-estadounidense Yousef Munayyer advirtió: «Palestina es la señal de alarma» del «autoritarismo y la represión» en Estados Unidos​. En efecto, la cuestión de Palestina está desempeñando un papel fundamental en el proyecto de la extrema derecha de doblegar a la enseñanza superior, con un éxito hasta ahora aterrador, como deja claro la abdicación de la libertad académica por parte de Columbia.

Pero la animadversión antipalestina también es un ingrediente político que por sí solo sobresale en un régimen de deportación en que la designación de «terrorismo» se ​ puede ampliar indefinidamente. Es esa la cruda lección de las deportaciones del mes pasado a El Salvador, cuando el gobierno de Trump comenzó por echar en el mismo saco a las pandillas venezolanas y al gobierno de Nicolás Maduro y declarar que la primera era una entidad terrorista y, después, utilizar esa designación para justificar su contrato sin precedentes con el presidente salvadoreño de extrema derecha Nayib Bukele con el fin de encarcelar a los deportados desde Estados Unido en el enorme «Centro de Confinamiento del Terrorismo» (CECOT) de El Salvador​, sin garantías procesales ni juicio. Ese siniestro «acuerdo» ya se ha visto impugnado en los tribunales —impugnación que el gobierno de Trump puede haber ignorado en violación de la ley— y casi de inmediato dio lugar a informes de deportados engullidos en esos campamwntos salvadoreños sin más «prueba»​ que algunos tatuajes erróneamentel interpretados.

Las leyes de inmigración y nacionalidad han sido siempre claves en las políticas del fascismo. En 1941, el teórico jurídico Ernst Fraenkel caracterizó al fascismo alemán como un sistema que generaba un «Estado dual»​ de dos vías en cuanto a la justicia y los derechos: por un lado, un «Estado normativo» para los ciudadanos «arios​», y, por el otro​, un «Estado facultativo» para todos los demás, clasificados como inferiores o extranjeros. En 1926, el régimen de Mussolini aprobó una ley por la que se despojaba de su ciudadanía a opositores antifascistas en el exilio y se estipulaba que cualquiera podía resultar desnacionalizado sólo por causar perjuicio a los intereses o el prestigio de Italia,​ «aun cuando el acto en cuestión no constituyera un delito».

Se escucha un siniestro eco de esa lógica en el caso de Khalil, cuya detención no estaba vinculada con ninguna infracción de la ley (aunque su pasado como becario no remunerado del UNRWA se está utilizando ahora para afirmar que cometió fraude con su tarjeta de residente permanente). Si los plenos poderes facultativos de Trump se definen de forma tan amplia como propone Gorka, los derechos de los extranjeros en Estados Unidos, especialmente la libertad de expresión, devendrán letra muerta. Semejante situación también anularía de hecho el fallo de la Corte Suprema en el caso de la deportación en 1945 del activista laboral australiano Harry Bridges por el que​ se «concede libertad de expresión y de prensa a los extranjeros que residen en este país».

Que algunos agentes fronterizos ya están interpretando como absoluta la autoridad ejecutiva de Trump y como nulos los derechos de los extranjeros es evidente en el muy publicitado caso del científico espacial francés deportado del aeropuerto de Houston al día siguiente de la detención de Khalil, sobre la base sumamente endeble de que los guardias fronterizos juzgaron que mensajes telefónicos privados del científico «reflejaban odio hacia Trump y podían calificarse de terrorismo».

La prontitud con que agentes gubernamentales y personas privadas se anticipan a los deseos del ejecutivo y los ejecutan ha sido siempre esencial para el éxito de las políticas autoritarias. A la par que tratar de responder a la pregunta de Khalil —y luchar contra las visiones nacionalistas, racistas y excluyentes respecton de​ «quién tiene derecho a tener derechos»—, en ningún momento debemos apartar la vista de quienes hacen posible el ejercicio liberticida del poder facultativo, desde funcionarios de bajo rango que hacen cumplir decretos autoritarios hasta las élites capitalistas que avalan la represión de la disidencia.

La persecución de Khalil, como explica la académica Nadia Abu El-Haj, fue posible gracias a un amplio elenco de personajes que incluye a los profesores y estudiantes de Columbia que ejercieron presión de manera explícita para que se lo deportara; a los activistas y donantes sionistas que difundieron falsedades sobre el movimiento de acampada; al personal docente de un grupo de trabajo del campus que amalgamó antisionismo y antisemitismo; y, quizás de manera especial, a los dirigentes universitarios que hiceron caso omiso de las peticiones de apoyo a Khalil y que desde entonces han cedido rápida y celosamente a las exigencias del gobierno de Trump.

Sin esa complicidad generalizada en la persecución de la disidencia, por parte de personas e instituciones, la capacidad del gobierno de Trump para proyectar su lista cada vez extensa de enemigos en un espacio de privación de derechos sería mucho más débil.

La semana pasada, algunas organizaciones académicas se tomaron en serio esa lección, cuando la Asociación de Estudios sobre el Oriente Medio (MESA) y la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) presentaron una demanda contra el gobierno de Trump, en la que sostenían —en palabras del profesor de Harvard Vincent Brown —, que​ «[e]l secuestro, el enjaulamiento y la deportación por motivos ideológicos de estudiantes sin ciudadanía estadounidense era una amenaza para los propósitos y la función de la universidad, ya que el afán de conocimientos no podía florecer en un clima de miedo y represión.»

O, como nos recuerda la carta de Khalil,​ «estudiantes, activistas y funcionarios electos deben unirse para defender el derecho a protestar en favor de Palestina. Están en juego no sólo nuestras voces, sino las libertades civiles fundamentales de todos».

 

Tradujo del original en inglés Rolando Prats.

Imagen: Miembros del grupo Columbia University Apartheid Divest, entre ellos Sueda Polat, segunda de izquierda a derecha, y Mahmoud Khalil, en el centro, rodeados de miembros de medios de comunicación en el exterior del campus de la Universidad de Columbia, el martes 30 de abril de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Mary Altaffer, archivo). Cortesía de AP.

Alberto Toscano