“Empire of Extorsion”, de Alberto Toscano, aparecerá próximamente en In These Times. Se tradujo al español y se publica en Communis con la autorización de ese medio y del autor.
«Es probable que el objetivo más inmediato de las grandes petroleras, concretamente ExxonMobil y ConocoPhillips, sea conseguir que Estados Unidos obligue al Gobierno venezolano a pagar los miles de millones en indemnizaciones que les han concedido tribunales de arbitraje internacionales, ya sea mediante pago directo o transferencia de activos. En última instancia, sin embargo, lo más importante para el Gobierno estadounidense no es en sí extraer petróleo venezolano sino “incorporar un nodo de suministro clave en la esfera de influencia estadounidense y bloquear a otras potencias, especialmente a China”.»
— Alberto Toscano
El secuestro de alta tecnología, el pasado 3 de enero, del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores —con el pretexto de la acusación contra ambos en el Distrito Sur de Nueva York por el presunto delito de narcoterrorismo— no ha tardado en revelarse como la apertura de una temeraria puja por parte del gobierno de Trump por apoderarse de los recursos petroleros de Venezuela y mantener bajo control a ese país hasta nuevo aviso. Trump y sus secuaces llevan largo tiempo difundiendo la falsedad de que las nacionalizaciones de la industria petrolera venezolana a mediados de la década de los setenta y, posteriormente, bajo el mandato del Presidente Hugo Chávez en la primera década del nuevo siglo habían entrañado el robo de propiedades estadounidenses. Al parecer, Estados Unidos está autorizado a considerar como «suyos» el subsuelo y los recursos de Venezuela, por cuanto fueron empresas estadounidenses —que, por demás, obtuvieron colosales ganancias de la extracción— las que inicialmente construyeron y gestionaron la infraestructura petrolera. Como afirmara el vicepresidente JD Vance: «¿Acaso debemos permitir que un comunista se robe lo que nos pertenece en nuestro hemisferio y quedarnos de brazos cruzados?»
Ya el mes pasado, el Presidente Trump había declarado en relación con el petróleo y otros recursos naturales venezolanos: «Lo queremos de vuelta», deseo al que, para hacerlo realidad, se consagra hoy el poderío de la maquinaria bélica estadounidense y unos fondos federales aún por determinar. El saqueo imperial de recursos se disfraza así de reparaciones; o, en palabras del propio Trump, de «reembolso por los daños que nos ha ocasionado ese país». Trump y su gabinete no sólo se felicitan sin la menor reserva de esta aventura neocolonial, sino que además ni siquiera se preocupan por adornarla con el lenguaje del derecho o la democracia. En lugar de rehuir toda comparación con la guerra de Iraq, Trump precisó con orgullo la diferencia crucial entre una aventura y otra: «Esta vez nos quedaremos con el petróleo.»
Por su parte, Vance expuso con toda claridad ante Jesse Watters, comentarista de FOX News, la lógica de la operación: «La forma de controlar a Venezuela es controlar las finanzas, controlar los recursos energéticos y decirle al régimen: se les permite vender el petróleo siempre y cuando ustedes sirvan a los intereses nacionales de Estados Unidos.» O, más crudamente dicho por el propio Trump: «Necesitamos total acceso, necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de [Venezuela]. Vamos a controlarlo todo.»
Exactamente mediante qué mecanismos será posible llevar a cabo tamaña rehabilitación de la diplomacia de las cañoneras —dirigir a un país por control remoto por medio de la constante amenaza de bloqueo y asalto— es algo todavía de ribetes vagos. Habida cuenta de que «extraer el dinero del suelo» es el objetivo prioritario de Trump, este ha optado, como es fácil de entender, por deshacerse de la aduladora líder de la oposición contra Maduro y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y en su lugar ha preferido mantener en pie al decapitado aparato estatal venezolano, mientras trata a la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como a una suerte de rehén. Han abundado las especulaciones, ninguna de ellas concluyentes, sobre la complicidad interna con la caída de Maduro, pero la resiliencia de tan paradójico arreglo —valerse de un gobierno abiertamente antimperialista para mantener la estabilidad en un país que está siendo sometido a un burdo experimento de saqueo imperial de recursos— no deja de suscitar dudas. En declaraciones hechas tras una rueda de prensa sobre Venezuela, el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut) se refirió a dicho arreglo como a un «plan demencial» que se reduce a «robarse el petróleo venezolano a punta de pistola por tiempo indefinido y aprovecharse de ello para microgestionar el país». En una medida sin precedentes, los ingresos por las ventas de petróleo venezolano se mantendrían en cuentas en el extranjero controladas por el Presidente, en lugar del Tesoro o el Congreso de Estados Unidos. Como explicara Robert Pape, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chicago, estamos ante «Imperialismo 101», una visión de «Estados Unidos como depredador», por lo que expresó su escepticismo sobre la posibilidad de asegurar los yacimientos petrolíferos en un entorno en el que grupos armados, ya sean organizaciones guerrilleras o cárteles de la droga, operarían con relativa facilidad.
El 9 de enero, Trump organizó en la Casa Blanca una mesa redonda con ejecutivos de empresas petroleras. Si bien los ejecutivos estaban de plácemes con el hecho de ver sus intereses comerciales favorecidos por lo que Trump había calificado de «uno de los ataques más precisos contra la soberanía [de un país]», algunos ejecutivos petroleros se mostraron escépticos respecto de la viabilidad financiera de la adquisición hostil de la industria petrolera venezolana. A juicio de Darren Woods, director ejecutivo de Exxon, Venezuela sigue siendo «inviable para la inversión» sin antes un cambio radical en sus «estructuras y marcos jurídicos y comerciales»; es decir, sin un vuelco neoliberal del legado del chavismo. No es sólo la gobernabilidad de Venezuela lo que preocupa al capital fósil, sino también el poder ejecutivo estadounidense. Como declarara a Financial Times un director ejecutivo: «Quién va a querer meterse en Venezuela cuando un maldito tuit salido de no se sabe dónde podría hacer que cambie toda la política exterior del país.»
Quizás un límite aún mayor a los sueños de saqueo de Trump radique en la difícil situación por la que atraviesa la economía política del petróleo. Dado el relativo exceso de oferta mundial y el bajo costo del crudo, los enormes gastos de capital necesarios para mejorar la infraestructura venezolana no necesariamente se antojan una inversión ni sabia ni urgente, especialmente a la luz de la volatilidad y de los riesgos regionales. Como me dijera el académico Adam Hanieh, es probable que el objetivo más inmediato de las grandes petroleras, concretamente ExxonMobil y ConocoPhillips, sea conseguir que Estados Unidos obligue al Gobierno venezolano a pagar los miles de millones en indemnizaciones que les han concedido tribunales de arbitraje internacionales, ya sea mediante pago directo o transferencia de activos. En última instancia, sin embargo, como explicara Hanieh, lo más importante para el Gobierno estadounidense no es en sí extraer petróleo venezolano sino «incorporar un nodo de suministro clave a la esfera de influencia estadounidense y bloquear a otras potencias, especialmente a China».
Es ahí que radica el meollo del «corolario Trump» a la doctrina Monroe (o lo que se conoce hoy como «doctrina Donroe») anunciada el mes pasado en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, para la cual el secuestro de Maduro y la incautación del petróleo venezolano sirven de prototipo. En el documento de marras se establece el principio de que a los «competidores no hemisféricos» se les negará todo control sobre «activos estratégicamente vitales» y que Estados Unidos «reclutará» a «abanderados regionales» para que promuevan los intereses estadounidenses en materia de seguridad nacional en cuestiones que abarcan desde la migración y las drogas hasta los recursos naturales. Trump está lejos de carecer de gobiernos serviles en América Latina y no ha dudado, como quedó demostrado en las recientes elecciones de Honduras y Argentina, en inclinar la balanza a su favor amenazando con la penuria financiera si no resultaban elegidos sus candidatos preferidos de extrema derecha. Según la Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos debe no sólo reclutar sino también «ampliar» su red de asociados, a quienes se deberá disuadir de colaborar con otros Estados y a quienes se debe obligar a que hagan de Estados Unidos su «socio preferencial», lo cual se podrá lograr «recurriendo a los más diversos medios». Sabemos ya lo que se esconde detrás de ese mafioso eufemismo y lo hueca que es la «predisposición al no intervencionismo» que se proclama en dicha Estrategia.
En última instancia, el gobierno de Trump ha echado mano de la Doctrina Monroe en su versión más unilateral y beligerante, como referencia talismánica al imperialismo de desfachatado supremacismo blanco del siglo XIX, perdurable objeto de nostalgia para Trump, Miller y Hegseth. Se trata de una «doctrina» que consiste en la justificación ultranacionalista del repudio total y absoluto del derecho internacional, en un mundo en el que no hay aliados ni iguales, solo vasallos y enemigos. La posesiva declaración por los actuales gobernantes de Estados Unidos de que «este es su hemisferio» conlleva, como explica el historiador Greg Grandin, la creación de «una zona del globo en la que Estados Unidos no necesita persuadir, integrar o universalizar, sino sólo impartir órdenes, por decreto». Se trata de una afirmación de dominio sin reciprocidad ni responsabilidad. Varios países de la región, entre ellos México, Colombia y Cuba, ya han sido amenazados por Trump con violentas represalias.
En la rueda de prensa que siguió a la incursión en Venezuela y al secuestro de Maduro, Trump habló de las «leyes de hierro» del poder global que vinculan el aseguramiento de los recursos energéticos con los intereses de seguridad nacional. Por su lado, en una entrevista con Jake Tapper, en la que Stephen Miller hizo gala de su habitual estridencia, este se hizo eco de las palabras de Trump y dijo al presentador de la CNN: «Vivimos en un mundo, en el mundo real, Jake, que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder. Son esas las férreas leyes que gobiernan el mundo desde el principio de los tiempos.» Miller no dejó de aprovechar la oportunidad para reiterar la intención del gobierno de llevar a vías de hecho una de las medidas del «corolario Trump», desde hace tiempo anunciada; a saber, apoderarse y anexarse Groenlandia.
Patéticamente reacios a oponer siquiera una resistencia retórica a la flagrante violación del derecho internacional por parte de Trump en Venezuela, del mismo modo que durante mucho tiempo han colaborado con el genocidio de Israel en Gaza, los miembros europeos de la OTAN —con la sola excepción de España— se apresuran ahora a responder a una posible invasión del territorio controlado por Dinamarca. Con sus vacías invocaciones de un derecho internacional que no hacen nada por defender, esos gobiernos se ven hoy indefensos ante el cínico culto de la fuerza bruta con la que el gobierno de Trump ha reemplazado toda política exterior de Estados Unidos. Secuestros, asesinatos, saqueos, invasiones: son esos los pilares de la «Doctrina Donroe». En su deseo de rentabilizar directamente la violencia de Estado, esa doctrina es también testimonio de la debilidad definitiva de un imperio hemisférico que no se basa en el desarrollo, la colaboración o la paz —ni siquiera en la explotación en su sentido ordinario—, sino en la extorsión y el saqueo en su expresión más insolente.
Featured image: Donald Trump watches the capture of Venezuelan President Nicolás Maduro, flanked by CIA director John Ratcliffe (left) and secretary of state, Marco Rubio. WHITE HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT/ EPA. Edited by Russell Nystrom for Tangle.
Translated from the English original manuscript by Rolando Prats.
