«Mass Arrests Will Only Fuel the Campaign of Defiance Against Genocide and Repression» apareció originalmente en el blog de Verso el 15 de agosto de 2025. Se tradujo al español y se publica en Communis con la autorización de la autora.

«Lo que suceda en los próximos meses podrá determinar el curso de la vida política en el Reino Unido durante muchos años. El curso académico que está a punto de comenzar promete ser más turbulento que el anterior. Los estudiantes activistas ya han sufrido represión en números casos, tanto por parte de sus propias instituciones — como lo demuestra la escandalosa decisión de la dirección de la SOAS de expulsar a Haya Adam, presidenta de la Sociedad Palestina de esa institución— como a manos de la policía. La proscripción de Palestine Action pondrá a muchos en riesgo de ser objeto de sanciones aún más severas. Sin embargo, mientras el proyecto de aniquilación por parte de Israel sigue adelante, las señales del sábado pasado indican que la campaña de desafío contra el genocidio y la represión seguirá en aumento.»

— Anne Alexander

Las detenciones masivas no harán sino alimentar el desafío contra el genocidio y la represión

Lo acontecido en Parliament Square el 9 de agosto marca un punto de inflexión en la vida política del Reino Unido. Ese día, al amparo de lo dispuesto en la Ley contra el terrorismo, de 2000, se detuvo a 522 personas por llevar carteles que desafiaban la prohibición de expresar «apoyo» al grupo Palestine Action. Según Defend our Juries, se trata de la mayor redada llevada a cabo por la policía londinense durante una protesta, luego de que se rebasara la cifra de 339 detenciones registradas durante los disturbios a que diera lugar el llamado «impuesto a la comunidad»  en 1990. El total duplica con creces el número de personas detenidas por delitos de terrorismo en todo el año anterior.

Las circunstancias en que se produjeron las detenciones también son altamente significativas. La policía se llevó a cientos de personas que permanecían sentadas pacíficamente en el suelo mientras sostenían carteles escritos a mano. En épocas anteriores, cualesquiera detenciones masivas en el curso de una manifestación de protesta solían producirse en un contexto de actuación policial agresiva y violenta que provocaba enfrentamientos con los manifestantes o daños materiales de consideración. Asistí a mi primera manifestación a los dieciocho años, cuando era estudiante universitaria. Apenas unos meses después del asesinato racista de Stephen Lawrence en 1993, la Liga Antinazi organizó una marcha para exigir el cierre de la librería del Partido Nacional Británico en Welling. Recuerdo haber visto, durante la marcha, a la policía antidisturbios que blandía escudos y porras cuya silueta se recortaba contra el horizonte. Más tarde, cargaron contra la multitud y fue entonces que golpearon en la cabeza a la jefa de seguridad Julie Waterson, quien en esos mismos momentos trataba de negociar con altos mandos de la policía. Una generación posterior de estudiantes y profesores recordará lo que fuera protestar contra el repentino aumento del precio de la matrícula en las universidades, cuando, en 2010, la policía acorraló y detuvo a miles de manifestantes. También en aquella ocasión, la policía antidisturbios arremetió contra la multitud y poco faltó para que matara a porrazos a Alfie Meadows.

Nada de eso ocurrió el sábado. Sin embargo, la Policía Metropolitana volvió a superarse a sí misma en cuanto a la escala de la represión, para lo cual llegó incluso a pedir «ayuda mutua» a fuerzas de lugares tan lejanos como Gales y Humberside a fin de arrastrar a más de 500 personas por el «delito» de escribir una pancarta.

En cierto modo, está claro que la intensificación del genocidio en Palestina es lo que está impulsando ese proceso y es lo que está detrás de la preocupación del Gobierno por la furia cada vez mayor del ciudadano común que quiere que se ponga freno al flujo de armas hacia Israel. Cada vez somos más quienes exigimos el fin definitivo del apoyo que presta el Reino Unido a un régimen racista y autoritario que comete atrocidades en una escala aterradora. No es por puro azar que las campañas que llevan a cabo grupos proisraelíes que instan a tipificar como delito las protestas en favor de Palestina hayan alcanzado su punto álgido precisamente cuando aumentan las muertes por inanición y los tanques israelíes entran para ocupar las ruinas de Gaza. Tampoco es de extrañar que el Gobierno de Keir Starmer se complazca en proteger tanto la alianza histórica de Gran Bretaña con Israel como las ganancias de empresas dedicadas a producir armamentos, como BAE Systems y Elbit, mientras reprime a grupos como Palestine Action.

Pero la represión y la resistencia de tal magnitud no se limitan a Palestina. Los acontecimientos del 9 de agosto son resultado de la interacción entre el genocidio retransmitido en directo y el «deslizamiento hacia el autoritarismo» de Gran Bretaña, como lo expresara la secretaria general de la UCU, Jo Grady, en una declaración emitida el 9 de julio.

Era esa denuncia de la proscipción de Palestine Action lo que tenía en mente cuando me senté en Parliament Square el sábado por la tarde. En una pancarta escribí: «La UCU se opone al genocidio y condena la proscripción de Palestine Action» poco antes de la una. En mi otra pancarta se leía: «Dejen de armar a Israel. Apoyo la campaña de Palestine Action contra la proscripción.»

Menos de una hora después, estaba sentada en una furgoneta policial estacionada a un costado de la plaza, detenida por la presunta violación de la Ley contra el Terrorismo, al parecer por mostrar «apoyo» a una organización proscripta. En realidad, estaba mostrando mi apoyo a la política nacional de mi propio sindicato y a los esfuerzos de una organización proscripta para revocar la prohibición.

Miles de personas expresaron la misma opinión en cartas enviadas por Internet, como en la declaración «Protestar no es terrorismo» (firmada por más de 1600 personas y un número cada vez mayor de secciones sindicales y comités ejecutivos nacionales). También soy signataria de la declaración de un grupo de académicos internacionales publicada en el blog Verso el 6 de agosto, en la que se advertía de la amenaza que supone semejante proscripción para las libertades fundamentales.

Luego de que la policía me informara de que mis pancartas cumplían los criterios para ser detenida en virtud del artículo 13 de la Ley contra el terrorismo, se me puso en libertad bajo fianza y se me ordenó comparecer en una comisaría a finales de octubre.

Mi detención ilustra con toda claridad los peligros que la proscripción de Palestine Action supone para nuestras libertades fundamentales. Utilizar la Ley contra el terrorismo para prohibir a un grupo de acción directa dirigida contra bienes y no contra personas —concretamente, mediante la interrupción del suministro de armas a un ejército que es objeto de investigación por tribunales internacionales por el delito de genocidio— contradice las definiciones generalmente aceptadas de «terrorismo» consagradas en el derecho internacional. Así lo señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una contundente declaración el 25 de julio.

Las detenciones del sábado amplían aún más la definición de «terrorismo», tal como varios días antes advirtiera Amnistía Internacional a la Policía Metropolitana. No es de extrañar que incluso el agente de policía que me detuvo se mostrara por momentos confundido sobre si debía hacerlo al amparo de la Ley de Orden Público (que es la que se suele invocar para controlar las protestas) o de la Ley contra el Terrorismo.

El procesamiento en masa de los detenidos en Great Scotland Yard, donde hice cola durante horas bajo el sol junto a cientos de personas, conjuntamente con los formularios de «fianza» que nos entregaron, apuntan a una adaptación de las tácticas policiales utilizadas en las oleadas de detenciones masivas durante las protestas contra el cambio climático, como las organizadas por Extinction Rebellion en 2019.

La aceleración de la transformación de la Ley contra el Terrorismo en otra ley más contra las protestas tendrá graves consecuencias para la democracia, por lo que la proscripción de Palestine Action debe ser objeto de rechazo y cuestionamiento por todos aquellos que crean que los gobiernos deben servir al pueblo y no a la inversa. La operación policial del sábado se suma a una campaña de represión ya existente que se dirige contra activistas pro-palestinos por sus discursos de protesta, pancartas y publicaciones en las redes sociales valiéndose de la misma legislación.

«Autoritario» no es una palabra que utilice a la ligera, pero ese uso del «terrorismo» como concepto difuso y comodín para englobar el discurso, las acciones y hasta los pensamientos que el Gobierno considera delictivos es comparable al comportamiento de regímenes brutales sobre los que he pasado la mayor parte de mi vida adulta investigando y escribiendo.

Por supuesto, las consecuencias de desafiar a regímenes verdaderamente autoritarios son mucho más graves que las que probablemente sufran la mayoría de las personas detenidas el sábado. Sin embargo, la lógica de penalizar algo tan vago y mal definido como el «apoyo» a una organización proscrita ofrece un amplio margen para la comisión de abusos contra los derechos humanos fundamentales.  Mi detención se produjo por llevar pancartas en las que sólo se mencionaba el apoyo a la campaña contra la proscripción, haciendo referencia a la posición adoptada por mi propio sindicato.

La aparente contradicción entre el acto de detener a cientos de personas por terrorismo e inmediatamente después liberarlas bajo «fianza» comienza a desmoronarse cuando se analiza desde esa perspectiva. Resulta perfectamente lógico para una mentalidad autoritaria, que responde a la protesta masiva contra la complicidad del Gobierno con el genocidio otorgando a la policía una discrecionalidad cada vez mayor y licencia para utilizar una gama más amplia de herramientas represivas para sofocar las protestas. Ese estilo de gobierno consiste en mantener a los ciudadanos en un estado de ansiedad perpetua sobre si han cruzado o no determinada «línea roja» imaginaria hacia el delito, simplemente por expresar pacíficamente sus opiniones políticas.

Sí, en todo ello está en juego una lógica autoritaria que debe cuestionarse en las calles y no sólo en los tribunales si queremos detener el deslizamiento hacia una sociedad en la que desaparece el espacio para protestar contra la guerra y el genocidio.

Sin embargo, del 9 de agosto se pueden extraer lecciones tanto esperanzadoras como pesimistas. Según Defend our Juries, cientos de personas desafiaron la prohibición sin que fuesen detenidas. La policía y los portavoces del Gobierno que intentaron defender la represión se enfrentaron a una avalancha de críticas por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. El hecho decisivo en este caso es que el movimiento de masas en favor de Palestina se está expandiendo.

En cierto momento del sábado 9 de agosto, la furgoneta policial que me transportaba desde Parliament Square quedó atrapada en la avalancha de decenas de miles de manifestantes que llegaban a Downing Street luego de haberse sumado a la marcha nacional. Todos los que esperábamos ser «procesados» en Great Scotland Yard, a pocos metros de la manifestación, nos sentimos alentados por la enorme multitud que se había congregado en la bocacalle para corear «Suéltenlos» y «Debería darles vergüenza» ante la policía. Nadie debe dejarse engañar, sin embargo, por la afirmación del Ministro del Interior de que la única afectada por las restricciones al derecho de protesta es Palestine Action, cuando también los organizadores de las manifestaciones nacionales por Palestina tienen juicios pendientes.

Lo que suceda en los próximos meses podrá determinar el curso de la vida política en el Reino Unido durante muchos años. El curso académico que está a punto de comenzar promete ser más turbulento que el anterior. Los estudiantes activistas ya han sufrido represión en números casos, tanto por parte de sus propias instituciones — como lo demuestra la escandalosa decisión de la dirección de la SOAS de expulsar a Haya Adam, presidenta de la Sociedad Palestina de esa institución— como a manos de la policía. La proscripción de Palestine Action pondrá a muchos en riesgo de ser objeto de sanciones aún más severas. Sin embargo, mientras el proyecto de aniquilación por parte de Israel sigue adelante, las señales del sábado pasado indican que la campaña de desafío contra el genocidio y la represión seguirá en aumento.

Anne Alexander