«Where there are no universities», de David Lloyd, apareció originalmente en el blog Remaking II: Long Revolution, de Christopher Newfield, el 31 de marzo de 2025, y —con la autorización del autor y de Newfield— se reprodujo en Communis bajo el mismo título el 12 de abril de 2025. Por su continua actualidad, se presenta ahora en traducción al español para Communis.

«La campaña encabezada por los sionistas contra activistas estudiantiles y sus aliados en el cuerpo docente es parasitaria de la historia de los esfuerzos por subordinar la universidad a los intereses empresariales o a los de la convergencia neoliberal entre las empresas y el Estado. Al hacer suyas las tendencias fascistas que han despojado a Israel de su máscara democrática, el sionismo ha encontrado en el espejo del autoritarismo global su verdadero rostro, para zozobra de esa ilusoria figura en que, al fin y al cabo, ha devenido el sionista liberal.»

— David Lloyd

Durante las acampadas iniciadas y mantenidas por corajudos estudiantes y profesores, cuya integridad ética a la hora de denunciar y resistir la recién reanudada campaña de genocidio que lleva adelante Israel en Gaza puso en deshonrosa evidencia la complicidad y la colaboración de las administraciones de sus respectivas universidades, los activistas se mantuvieron firmes en su clara exhortación a «no apartar los ojos de Gaza». Si bien tenían por objetivo perturbar el curso normal de las cosas en instituciones profundamente involucradas con la maquinaria bélica de Israel y asociaciones de investigación con las universidades israelíes en las que se diseña el armamento, se adiestra al personal y se programa el genocidio, y que están en sintonía con la ideología colonial de asentamientos del sionismo, a los estudiantes les preocupaba que el hecho de que los medios de comunicación se centraran exclusivamente en sus protestas distrajera la atención respecto de las atrocidades que se estaban cometiendo con una violencia cada vez mayor en los campos de concentración y exterminio en que se había convertido Gaza. Aun cuando sus instituciones, infringiendo su deber de proteger y acoger a todos sus estudiantes, llamaran a falanges policiales fuertemente armadas a instancias de grupos de presión sionistas y por igual de políticos republicanos y demócratas, o toleraran los feroces asaltos perpetrados por justicieros de derecha que se reconocían a sí mismos en su afinidad natural con sus aliados sionistas, los estudiantes siguieron recordándonos que su sostenida presencia, en sus propios recintos universitarios, respondía al hecho de que Israel hubiese destruido sistemáticamente todas las universidades y todas las escuelas de Gaza en su continua campaña de genocidio cultural que ahora se ha extendido a la Ribera Occidental y al territorio ocupado de Jerusalén Oriental.

En los primeros meses de su implacable asalto a Gaza, Israel había demolido todas las instituciones gazatíes de enseñanza superior, a veces por medio de la calculada colocación de minas en edificios, a veces por medio de bombardeos y ataques aéreos contra objetivos específicos, asesinando deliberadamente a administradores, profesores y estudiantes, del mismo modo que hoy siguen destruyendo hospitales y atacando al personal médico. La invasión de Israel tenía como propósito la destrucción total de la capacidad de los palestinos para reproducir su vida biológica o cultural. Ahora que los gazatíes han aprovechado el efímero alto el fuego que tarde o temprano Israel habrá de violar, para regresar a sus hogares en ruinas, una de las primeras cosas que han hecho es restablecer las escuelas e intentar recrear un sistema educativo. La educación y la libertad de aprender han contado siempre con la más profunda adhesión de la sociedad palestina, y ello mucho antes de la ocupación de sus tierras por fuerzas sionistas y de los ataques sistemáticos de Israel contra la enseñanza en Palestina, desde el robo de bibliotecas y archivos enteros durante la Nakba, y más allá, hasta el aislamiento y el asedio de las universidades en la Ribera Occidental. Pero en ese respecto, como en tantos otros de la sociedad civil, los palestinos persisten y, desde el exilio, hay profesores que siguen ofreciendo clases a los estudiantes de Gaza a través de frágiles e intermitentes conexiones de Internet.

Capitulación

Entretanto, en Estados Unidos, la cuestión que se plantea es si queda alguna universidad, no en Gaza, sino en los propios Estados Unidos. La desafortunada capitulación de las administraciones universitarias —entre ellas las de algunas de las instituciones más pródigamente financiadas del mundo— ante las amenazas de «guerra total» lanzadas por el gobierno de Trump contra la educación superior, capitulación a menudo voluntaria, a pocas semanas de emitidas las correspondientes órdenes ejecutivas (e inconstitucionales) de Trump, ha supuesto una escandalosa traición al deber de esas instituciones de hacer valer su misión educativa y social. A pesar de las exhortaciones dirigidas por el estudiante palestino y líder de las protestas Mahmoud Khalil a la administración de Columbia para que se lo protegiera contra la violación de su privacidad y contra el acoso, y de sus advertencias, evidentemente bien fundadas, de que las amenazas proferidas contra él por miembros del claustro de Columbia llevarían a su detención, no se le prestó ninguna ayuda y, en la práctica, la universidad dejó abiertas las puertas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que lo desapareciera y para que, posteriormente, llevara a cabo nuevas redadas sin orden judicial en otros dormitorios de estudiantes, facilitando así a las fuerzas del orden el acceso que les habían denegado administraciones anteriores en el preciso momento en que esos organismos, a los que los secuaces fascistas de Trump han dado rienda suelta, actúan más incontroladamente que nunca. Como afirma Khalil en su carta desde el lugar en que permanecía detenido en Luisiana, Columbia «sentó las bases para que el gobierno de Estados Unidos me convirtiera en blanco de sus ataques luego de adoptar arbitrarias medidas disciplinarias contra estudiantes propalestinos y permitir que se llevaran a cabo sin ningún control virales campañas de violación de la privacidad, basadas en el racismo y la desinformación».

Por escalofriante que sea el caso de Khalil, y por mucho que se presente como un presagio de la represión del disenso que a todas luces se nos viene encima, no le falta razón cuando afirma que lo que aparece como un caso de brutal extralimitación por parte del régimen autoritario de Trump se inscribe en una trayectoria más larga de capitulación de las universidades ante las presiones ejercidas por la agenda sionista y de colaboración con los intereses del gobierno estadounidense. No es menos cierto que por encima y más allá de la intensa y hasta entusiasta represión del disenso estudiantil por parte de las administraciones universitarias a nivel nacional desde el 7 de octubre de 2023, e independientemente del reciente aumento de la presión que ejerce sobre ellas el gobierno de Trump, las universidades estadounidenses se han visto inmersas en una larga campaña de autodestrucción, alimentada por una nefasta combinación de fuerzas y organizaciones dedicadas a apoderarse y hacerse con el control de la educación superior al menos desde finales de la década de los sesenta.

En primer lugar, la capitulación en curso de Columbia y otras instituciones ante las espurias investigaciones de Trump, que están convirtiendo al Departamento de Educación bajo el mando de Linda McMahon en un grotesco —si bien hiperagresivo— cuadrilátero de lucha libre, tienen una historia más larga y no menos vergonzosa. Si nos remontamos al gobierno de Joe Biden, acusado de complicidad con la perpetración de crímenes de guerra, sus ataques a las acampadas y la infundada insinuación de que esas protestas ordenadas, disciplinadas y pluralistas habían dado lugar a actos de violencia y al «desorden» apenas difieren de la retórica de políticos republicanos y operativos sionistas. La declaración hecha por Biden en mayo de 2024 de que la gente tenía derecho a recibir una educación, derecho a obtener un título, derecho a caminar por el recinto universitario sin temer por su seguridad ni ser atacados sentaba la misma premisa de que parte la carta dirigida a Columbia por el Departamento de Educación de Trump, en la que se afirma que la universidad había permitido que se creara «un ambiente de trabajo o estudio inseguro u hostil». En cuanto al apoyo al sionismo y la difamación de los estudiantes opuestos a su programa genocida, la retórica de Biden no se distinguía ni un ápice de la del régimen de Trump.

Jameel Jaffer, Director Ejecutivo del Knight First Amendment Institute, adscrito a la Universidad de Columbia, condenó sin rodeos la carta del Departamento de Educación por considerarla parte de un esfuerzo para «subyugar a las universidades al poder oficial». Pero fue la bochornosa actuación de la deshonrada ex Rectora de Columbia, Minouche Shafik, durante las audiencias del Congreso el pasado mes de abril, lo que abrió de par en par las puertas a semejantes violaciones políticamente motivadas de la relativa autonomía de la enseñanza superior. No sólo se mostró presta a confabularse en ataques denigratorios por parte de congresistas republicanos contra miembros del claustro de Columbia sobre la base de declaraciones escogidas de manera sesgada y sacadas de contexto —al extremo de amenazar de despido a uno de los profesores—, sino que también permitió que se aprobara sin deliberación alguna la desinformada afirmación de que «del río al mar» o «viva la intifada» eran consignas genocidas, cuando unos pocos minutos de estudio, por no hablar del conocimiento de su propia lengua materna, le habrían permitido fácilmente refutar estupidez tan calculada.

No es que en ese caso la actuación de Shafik haya sido peor que la de sus homólogas, las rectoras de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en diciembre de 2023. Ninguna parecía dispuesta a rebatir las premisas de la egregiamente oportunista congresista Elise Stefanik, quien de la manera más absurda «equiparó los llamamientos a una intifada con un llamamiento a un genocidio global de los judíos». Al igual que Shafik, las cabezas de Liz Magill, de la Universidad de Pensilvania, y Claudine Gay, de Harvard, no tardaron en rodar, aunque no por las razones por las que deberían haberlo hecho. No fue ninguna robusta defensa de la libertad académica y de los derechos amparados por la Primera Enmienda, del conocimiento y de la investigación, del contexto y del matiz, sino su incapacidad para doblegarse todavía más a los ignorantes dislates de la farsa judicial en el Congreso y para dar marcha atrás lo que las dejara — a ellas y a sus cómodos y desorbitantemente pagados puestos de trabajo— en una posición vulnerable a una mayor presión por parte de activistas sionistas, cabilderos proisraelíes y donantes conservadores que actuaban de consuno.

Mientras otros «líderes» universitarios, entre ellos Michael Drake, de la Universidad de California, optan preventiva y deliberadamente por el camino de la no resistencia, abandonando los programas y las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) e introduciendo reglamentos disciplinarios sobre las protestas estudiantiles e incluso planes de estudio antes de la llegada del circo ambulante de «investigadores» del Grupo de Trabajo Conjunto del Departamento de Educación a unos sesenta recintos universitarios, se ve uno en la embarazosa situación de tener que invocar la memoria de Joseph Welch, exabogado del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Como de todos es sabido, Welch hizo caer al senador McCarthy, tras la larga serie de audiencias conducidas por este último sobre presuntas actividades comunistas, con una simple pregunta: «¿No tiene usted sentido alguno de la decencia?» Pero la corrupción y el envilecimiento intelectual de las universidades estadounidenses y de sus cuerpos directivos ha llegado hasta el punto de que resulta imposible que ningún rector de ninguna universidad denuncie la ignorancia y la estupidez de los políticos que los acosan y cuyos designios no guardan relación alguna con la protección de los estudiantes judíos, muchos de los cuales se encontraban entre los acampados, sino con la erosión de la propia enseñanza superior. Que ni uno solo de esos dirigentes de algunas de las instituciones más ricas y prestigiosas del país, presuntamente los centros intelectuales de la nación, pudiera hacer acopio del valor necesario para defender la importancia del conocimiento, la ética y el pensamiento, o para condenar el genocidio y el escolasticidio en curso en esos mismos momentos en Gaza, plenamente a la vista en la conciencia y la actitud desafiante de sus propios estudiantes acampados, es a la vez síntoma y causa de la destrucción de las universidades en Estados Unidos. La calculada connivencia con la estupidez —ya sea la de los políticos o la de los donantes— consolida el tropismo de la inclinación a la vacuidad intelectual y la pose moral que ha sido durante mucho tiempo la tendencia de la cúpula de la universidad empresarial. A mayor riqueza y prestigio, menor valor ético, se diría que viene ser el principio básico de la bancarrota intelectual de la universidad.

Colaboración

Poco antes de alrededor de 2009 y de la primera guerra total de Israel contra Gaza, en la que se masacró a unos 1.400 palestinos, la represión sistemática del discurso propalestino en los recintos universitarios de Estados Unidos era relativamente rara: el «sentido común» general tanto de las universidades como del público estadounidense era implícita si no explícitamente prosionista, persuadidos como estaban de que Israel era «la única democracia en el Oriente Medio», de que los Acuerdos de Oslo habían puesto en marcha un proceso de paz del que constantemente los palestinos se apartaban y de que —especialmente después del 11 de septiembre y de la segunda Intifada— los palestinos, en cualquier caso, eran terroristas. Caricaturas grotescamente racistas de Arafat y de otros palestinos, parientes cercanos de las caricaturas antisemitas nazis, aparecían en todos los principales medios de comunicación con una regularidad alucinante. La comprensión del apartheid israelí, de la realidad de lo que pasaba por ser una «ocupación», de las condiciones de vida de los prisioneros palestinos, del continuo robo de tierras y recursos palestinos por parte de Israel y del draconiano y lento genocidio que conllevaba el asedio de Gaza se limitaba a una minoría. Bajo tan eficaz bloqueo informativo, se hacían innecesarias la censura y la represión.

Pero el lanzamiento de campañas públicas de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) y, en particular, de la campaña de boicot académico y cultural de instituciones israelíes, exigió un mayor grado de censura y represión, en momentos en que ya no era posible asegurar la hegemonía del relato sionista. La disposición inicial de los sionistas a debatir con los partidarios de la campaña de BDS, en la presuntuosa creencia de que —por haberse mostrado capaces de mantener durante tanto tiempo el relato dominante— fácilmente prevalecerían, menguó rápidamente a medida que la defensa del régimen de Israel se volvía un ejercicio cada vez más angustioso. No hubo de transcurrir mucho tiempo antes de que el debate se viese desplazado por la guerra judicial, estrategia que, con el tiempo, se ha venido desplegando y ampliando a la par con el aumento de la brutalidad de los propios métodos de represión y de guerra genocida por parte de Israel. Tanto en la guerra en sentido lato como en la guerra judicial, el fracaso a la hora de vencer la resistencia conduce inevitablemente al repliegue y a la amplificación más que al reconocimiento de lo injusto de la causa. Una vez más, el caso de Khalil resulta ejemplar: tras haberse revelado reiteradamente infructuoso el recurso a la guerra judicial a la hora de quebrar la solidaridad palestina en los tribunales, ya sea en los casos presentados contra la American Studies Association por su resolución en favor del boicot en 2013 o en los esfuerzos de la Universidad de Fordham por prohibir el capítulo de Students for Justice in Palestine de ese recinto, la agenda sionista se ve hoy promulgada de forma extrajurídica por un aparato gubernamental autoritario con la esperanza de que las graves violaciones de los derechos civiles produzcan una transformación de facto de la ley, del mismo modo que las violaciones del derecho internacional por parte de Israel —como ha demostrado Noura Erakat— han tenido el efecto de producir nuevas y brutales normas jurídicas.

Las administraciones universitarias no han tenido reparos en colaborar con la censura y la represión de la solidaridad con Palestina en sintonía con una agenda política más amplia que ha sido testigo de la aprobación de resoluciones de la Cámara de Representantes por las que se condenaba la campaña de BDS, la prohibición de esta última por parte de contratistas gubernamentales (incluidas las universidades) en numerosos estados y, más recientemente, acciones como la injerencia directa de Kathy Hochul, Gobernadora del estado de Nueva York, quien retirara una oferta de empleo en el Hunter College de CUNY a un académico especializado en Estudios Palestinos, tras alegar que la inclusión de términos académicos bien establecidos y de descriptores empíricos o jurídicos de las condiciones coloniales imperantes en Palestina y otros países —apartheid, genocidio y colonialismo de asentamientos—, cuando se aplican a prácticas israelíes, por lo demás bien documentadas, constituía un caso de antisemitismo. La represión universitaria ha tendido a proceder bajo la conocida máscara de la neutralidad institucional, pero no se ha detenido ante la censura total —como en el caso de la prohibición de las organizaciones de solidaridad con Palestina dirigidas por estudiantes (algunos de ellos, judíos) — y los enjuiciamientos.

Si bien —según Palestine Legal— la represión en las universidades se ha intensificado notablemente bajo presión sionista en los últimos dieciocho meses aproximadamente, ha sido tan generalizada desde 2009 que bastaría con un puñado de ejemplos. El aluvión de enjuiciamientos contra manifestantes estudiantiles que se ha producido desde la irrupción de la fuerza policial en las acampadas durante la primavera de 2024 tuvo un antecedente en el inicio por parte de Michael Drake, por aquel entonces rector de la Universidad de California en Irvine, de un proceso disciplinario que en 2010 desembocara en el enjuiciamiento de los «Once de Irvine». Estudiantes palestinos y musulmanes habían interrumpido un discurso del entonces embajador israelí Michael Oren, cuya invitación en aquel momento al recinto universitario, tras la Operación Plomo Fundido, constituía una clara provocación. El fiscal del condado de Orange se basó en las sanciones impuestas por Drake para acusar de delitos menores a los estudiantes detenidos. Los recientes despidos de la profesora de derecho de Columbia Katherine Franke y de la profesora de derecho internacional de Yale Helyeh Doutaghi se vieron manifiestamente precedidas por el de Steven Salaita en la Universidad de Illinois en 2014. Los rectores universitarios han condenado casi unívocamente el boicot académico y cultural a pesar de las abrumadoras y bien documentadas pruebas de la complicidad en materia de finanzas y de investigación en los crímenes de guerra y en las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel de universidades israelíes con las que mantienen una estrecha colaboración.

Que una centena de rectores universitarios estadounidenses hubieran condenado a la American Studies Association por su resolución de 2013 en favor del boicot no constituyó entonces ninguna sorpresa. ¿Por qué habría de serlo? Tal ha sido el comportamiento de rectores como el de la Universidad de California, David Gardner, cuya negativa a desinvertir del apartheid en la década de los ochenta alimentó el movimiento de desinversión liderado por los estudiantes que finalmente llevara a que a numerosas universidades adoptasen la postura correcta, lo que, de hecho, ahora celebran en sus sitios web. En aquella época, los partidarios de Sudáfrica sostenían que «Sudáfrica [era] más libre que la mayoría de los países africanos» y que «estaba lejos de ser el único país de África que sistemáticamente violara los derechos humanos». Alimentados por una bien financiada campaña propagandística sudafricana, los partidarios del apartheid ponían en tela de juicio la preparación de los africanos negros para la democracia y abogaban por «incrementar todas las formas de contacto» bajo la rúbrica de «diálogo constructivo». También entonces, los administradores universitarios dieron rienda suelta a la policía contra manifestantes y desmantelaron las acampadas, que calificaban de «chabolas».

Sin embargo, lo que en aquel momento brillaba por su ausencia era la acusación de antisemitismo, que se ha lanzado de forma tan irresponsable e imprudente contra activistas por la justicia social hasta prácticamente quedar vaciada de todo contenido. Jamás a ningún activista del movimiento por la desinversión se lo acusó de antiafrikanerismo, si bien últimamente Elon Musk y Donald Trump han tratado de apelar a los sentimientos heridos de racistas sudafricanos blancos. La manipulación militarizante del antisemitismo por parte del sionismo ha ofrecido a las autoridades universitarias un nuevo instrumento con ayuda del cual reprimir los llamamientos a la desinversión en Israel y en las empresas que apoyan su programa de apartheid, basándose en la experiencia de las campañas contra el apartheid en Sudáfrica. La resistencia a la desinversión, junto con la preservación de las inversiones universitarias en empresas que sistemáticamente instigan las violaciones por Israel de los derechos humanos de los palestinos y contribuyen a la comisión del crimen de genocidio —desde Hewlett Packard y Caterpillar hasta Boeing y Raytheon, Maersk y Chevron— traza un continuo con la complicidad universitaria de larga data en el negocio de la represión. La hostilidad hacia la campa de BDS se intensifica en la medida en que esta última converge con el aumento de las presiones que se ejercen sobre las universidades para que desinviertan de empresas de combustibles fósiles que tanto han acelerado el cambio climático como negado su existencia y que han puesto en peligro el futuro del planeta y el de sus estudiantes, exacerbando así las contradicciones a las que se enfrentan las universidades entre su misión presuntamente humanista y su imbricación tanto material como ideológica en un orden neoliberal rapaz.

En algunos aspectos, pues, la campaña dirigida por los sionistas contra los activistas estudiantiles y sus aliados en el claustro es parasitaria de la más larga historia de esfuerzos por subordinar la universidad a los intereses empresariales o a los de la convergencia neoliberal entre las empresas y el Estado. En su adopción cada vez más abierta de tendencias fascistas, con lo cual Israel se ha despojado de la máscara democrática que siempre ha lucido, el sionismo se ha visto reflejado en el espejo del autoritarismo global y ha encontrado allí su verdadero rostro, para alarma de lo que queda de esa ilusoria figura en que, al fin y al cabo, ha devenido el sionista liberal. Con desenfadada presteza, ello ha servido de punta de lanza de una reclamación del espacio universitario por la derecha y el mundo empresarial cuyo objetivo es, en última instancia, la destrucción de una institución liberal ya de por sí vaciada. Las exhortaciones a proteger las sensibilidades heridas de los estudiantes y profesores judíos (léase sionistas, por cuanto, a las claras, Jewish Voice for Peace e IfNotNow no cuentan) movilizan cínicamente el último resto admisible de los tan denostados programas y políticas de DEI en los recintos universitarios, invariablemente caricaturizados y explotados por medios conservadores para generar una pérdida de fe en la educación superior que debería haberse achacado a los recortes de la derecha.

Al mismo tiempo, el temor sionista por coaliciones tan «woke» como la que existe entre Black Lives Matter y los movimientos de solidaridad con Palestina ha amplificado la hostilidad derechista hacia los programas y las políticas de DEI y ha infundido aliento a la determinación del régimen de Trump de abolir todo vestigio de antirracismo en la universidad. La manera en que organizaciones sionistas como la Liga contra la Difamación amalgaman solidaridad con Palestina, por un lado, y antisemitismo, por el otro, no consigue sino aislar la verdadera lucha contra el verdadero antisemitismo que llevan a cabo genuinos movimientos sociales antirracistas. Sin embargo, el objetivo subyacente no es luchar contra el antisemitismo sino defender a un Estado israelí que tiene como base una noción de supremacismo judía que, para sobrevivir, debe aliarse con el autoritarismo supremacista blanco. El objetivo común es desradicalizar nuestros recintos universitarios en un momento en que, como en los años sesenta, el capitalismo ha visto erosionarse su hegemonía y se tropieza con que la mayoría de los jóvenes se inclinan por el socialismo y la mayoría de la población favorece programas gubernamentales que bajo cualquier otro nombre serían socialdemócratas, desde la sanidad universal hasta la seguridad social.

Subordinación

El éxito de las organizaciones sionistas en su campaña para acallar la solidaridad con los palestinos en nuestros recintos universitarios encuentra, por consiguiente, su condición de posibilidad en la campaña que la derecha viene impulsando desde hace medio siglo para hacer que las universidades se subordinen a las necesidades de las empresas. En 1971, Lewis Powell, futuro magistrado de la Corte Suprema, escribió un memorándum dirigido a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en el que exponía la necesidad de recuperar los recintos universitarios y poner freno a lo que denominaba —en términos que hallan claro eco en el lenguaje de la derecha contemporánea— la «guerra ideológica contra el sistema empresarial y los valores de la sociedad occidental», cuyas «inquietantes voces» creyó haber escuchado entre las filas de la Nueva Izquierda. Los trazos con que Powell describiera la «minoría» de voces de izquierda se han vuelto lúgubremente familiares, al igual que su insistencia en la falta de «equilibrio… que brilla por su ausencia en muchos recintos universitarios» y en la falta de voces «conservadoras o moderadas». Powell expone un plan de recuperación de las universidades estadounidenses que sirvió de mapa de una prolongada y concertada campaña de la derecha para recuperar la hegemonía, que se extiende desde los recintos universitarios hasta los medios de comunicación.

El análisis y las recomendaciones de Powell se vieron amplificados años más tarde por el intelectual conservador de línea dura Samuel Huntington (más conocido por su tesis sobre el «choque de civilizaciones») en un informe de la Comisión Trilateral sobre la crisis de la democracia (1975), en que expresaba su alarma por «un exceso de democracia», en gran parte impulsado por «una tremenda expansión de la educación superior». Huntington expresó con toda claridad la ansiedad compartida por la Comisión Trilateral de que el resultado de la expansión de la educación superior en la posguerra fuera «la sobreproducción de personas con formación universitaria en relación con los puestos de trabajo disponibles para ellas», lo que conduciría a la frustración y al descontento con el capitalismo. Semejante visión tenía como corolario la necesidad de «inducir a las instituciones de enseñanza superior a que rediseñaran sus programas para adaptarlos a las pautas del desarrollo económico y las futuras oportunidades de empleo».

Según la lógica de Powell y Huntington, en los cincuenta años siguientes se produjo una constante disminución de la financiación gubernamental de la enseñanza superior y el correspondiente aumento de la dependencia de las universidades respecto de los costos de matrícula y de las contribuciones de donantes ricos y en gran medida conservadores para compensar el déficit, junto con la profesionalización cada vez mayor de la enseñanza superior. Ello ha ido de la mano de un cambio en la noción de educación pública en virtud del cual esta ha pasado de concebirse como un derecho (si bien hay que precisar que, históricamente, se ha tratado de un derecho racialmente distribuido, principalmente entre ciudadanos blancos) a concebirse como una mercancía en la que invertir, proceso acompañado de la correspondiente transformación de los propios estudiantes en mercancías de valor variable para la acumulación. Como dijera sucintamente Linda McMahon, poco después de que Trump la designara para que dirigiera el Departamento de Educación, en sintonía con la concepción sumamente empobrecida de la educación que mejor sirve a la cultura capitalista: «La educación postsecundaria debería ser la senda que conduzca a una carrera bien remunerada en consonancia con las necesidades de la fuerza laboral.»

Seguimos viviendo a la sombra de esas definiciones antidemocráticas de la crisis de la democracia y del extraordinario grado en que esta hubo de achacarse a la radicalización de los recintos universitarios. Al mismo tiempo, conservamos una concepción similar pero inversa de la universidad y sus funciones. Finalizados los años sesenta, durante más o menos una década la universidad continuó acogiendo a voces críticas e incluso radicales, lo cual se seguía considerando parte esencial de su misión educativa. En cierta medida, la relativa hospitalidad de las universidades para con la crítica se derivaba de los orígenes de las concepciones angloamericanas de la universidad en filósofos de finales de la Ilustración como Immanuel Kant y Wilhelm von Humboldt, a cuyos ojos la universidad ofrecía un espacio para lo que Kant denominara la crítica filosófica de las facultades —Derecho, Medicina y Teología—, en las que este veía «herramientas directas del Estado» (el equivalente contemporáneo sería el complejo académico-militar-industrial). Esos filósofos reconocían que la universidad era, como la denominaría más tarde Louis Althusser, un «aparato ideológico de Estado», pero creían que bastaría con la crítica para asegurar su apertura a la transformación y al acomodo de nuevas ideas. En algunos aspectos, la idea liberal de universidad que tenía Kant sigue siendo lo que entendemos hoy por semejante institución y su significado, concepción que subyace a la consternación del profesorado, en su mayor parte poco teorizada, ante la erosión de las humanidades y la reducción del espacio que en la investigación o la docencia ocupa la crítica radical de la institución universitaria o de la sociedad en su conjunto.

A lo largo de la década de los ochenta, en no poca medida el pensamiento crítico de izquierda sí ejerció un grado considerable de influencia contrahegemónica dentro de la universidad, por vía tanto del pensamiento antirracista como del pensamiento anticapitalista. En cierto sentido, no nos equivocaríamos si afirmáramos que dentro de la universidad y a través de la enseñanza impartida a generaciones de estudiantes, la izquierda «ganó» las llamadas guerras culturales que desembocaron en una liberalización gradual de las costumbres sociales, desde lo que la derecha denomina hoy «ideología de género» hasta el auge de los movimientos sociales contra la globalización y de la organización contra el racismo, incluida la aparición de un movimiento de solidaridad con Palestina vigoroso y teóricamente informado que siempre se entendió a sí mismo en conjunción con otros movimientos sociales.

Tales logros, sin embargo, fueron de la mano de una serie de soluciones de avenencia con los modos institucionalizados de contención de la crítica. Así, la «acción afirmativa», atacada en tribunales y en iniciativas políticas, dio paso primero al «multiculturalismo», a medida que la universidad higienizaba las exigencias de los activistas estudiantiles que se manifestaban en favor de la desinversión para que se pusiera fin al «apartheid en el recinto universitario», a la vez que el multiculturalismo, que respondía a la exigencia de los estudiantes de que se diversificara al profesorado, sucumbió a su vez primero a la rúbrica de «excelencia y diversidad» (entendidas en el sentido de «diversidad dentro de los protocolos existentes en la universidad») y, por último, a los totalmente burocratizados programas y políticas de DEI. La universidad consiguió neutralizar sucesivamente los esfuerzos por transformar su función institucional como instrumento del capitalismo racial. La amarga ironía es que la izquierda parece para siempre condenada a defender políticas institucionales impuestas por la derecha en un esfuerzo por contener la auténtica desegregación y que después la propia derecha ataca por considerarlas extremas y absurdas.

No menos importantes para el asalto a la enseñanza superior fueron los fundamentales cambios históricos que tuvieron lugar en las condiciones de posibilidad de la universidad liberal de posguerra. Esa universidad era, más exactamente, una universidad de la Guerra Fría: ideológicamente, necesitaba demostrar el vínculo entre capitalismo, democracia y libertad; en particular, la libertad de disentir que el Occidente capitalista consideraba esencial para oponerse al socialismo «totalitario». Ello significaba que hasta cierto punto las universidades proporcionaban un espacio político explotable para una minoría de intelectuales radicales, e incluso para la clase más amplia que, según la descripción de Powell, iba «desde un Herbert Marcuse, profesor marxista de la Universidad de California en San Diego, y socialistas convencidos, hasta el crítico liberal ambivalente que encuentra mucho más que condenar que elogiar». Ese espacio, que la universidad de la Guerra Fría no podía cerrar del todo, facilitó que en ella se pudiera llevar a cabo una labor intelectual crítica, en coalición con movimientos sociales y organizaciones estudiantiles. Inevitablemente, el fin de la Guerra Fría y, a su paso, el surgimiento de un proyecto aún incompleto de «Nuevo Orden Mundial» neoliberal obviaron la necesidad de mantener ese espacio de la llamada «libertad académica» y conllevaron su erosión gradual pero constante, libertad de la que hoy quedan sólo vestigios. El constante achicamiento del espacio ocupado por las disciplinas «críticas» de las humanidades y las ciencias sociales interpretativas, en respuesta a la demanda cada vez mayor por parte del capital de resultados y conjuntos de habilidades capaces de producir una mano de obra dócil y maleable —agenda de la que se hiciera eco con una serie de frontales ataques contra la educación superior The Wall Street Journal—, presagió la transformación de la educación superior en mera formación profesional, tendencia que hallaba su justificación precisamente en el costo cada vez más elevado de la educación en cuanto mercancía que debía amortizar la inversión.

Aun cuando los «radicales titulares», como se placía en llamarlos la derecha, extendieran su limitada hegemonía cultural en una restringida esfera de la universidad, las fuerzas conservadoras —a menudo, los más avezados marxistas— jugaron la carta económica, abogando por recortes en el apoyo público a la educación superior que poco a poco redujeron la financiación estatal y federal a un pequeño porcentaje de los presupuestos universitarios. Consiguientemente, si no programáticamente, la dependencia de las universidades respecto de la financiación empresarial o de las contribuciones de donantes multimillonarios, que en la práctica pueden determinar la política educativa de las instituciones, las hizo vulnerables a las exigencias ideológicas de sus mecenas. La prescripto por Powell a la Cámara de Comercio —recuperar las universidades estadounidenses— se ha hecho realidad casi completamente.

Contradicción

Es en ese espacio de vulnerabilidad de las universidades, consecuencia tanto de sus contradicciones internas como de acontecimientos económicos y políticos externos, que irrumpe el sionismo, atrayendo a su paso a los supremacistas blancos de extrema derecha con su odio a la wokeness, los programas y las políticas de DEI, la teoría crítica de la raza, la vida intelectual, los estudiantes radicales y el profesorado «marxista», y dando muestras de una gran habilidad para aprovechar el poder de los donantes a fin de poner coto a la libre expresión en los recintos universitarios y hacer causa común con tendencias fundamentalmente antisemitas, desde sionistas cristianos hasta extremistas de derechas, pasando por líderes abiertamente antisemitas como el Primer Ministro autoritario de Hungría, Viktor Orbán, por lo demás ídolo de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Recordemos que la caída de la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, no comenzó el 7 de octubre, sino unas semanas antes, de la mano de los esfuerzos realizados por donantes sionistas y organizaciones como la Liga contra la Difamación y el Comité Judío Estadounidense para suprimir el festival Palestine Writes en ese recinto universitario en septiembre de 2023, alegando para ello que el evento acogía a «provocadores dispuestos a propagar el antisemitismo». A pesar de todas las declaraciones de esas organizaciones de que respetan la libertad de expresión, está claro que su objetivo es suprimir todo análisis crítico del Estado de Israel que cause incomodidad a los sionistas, del mismo modo que las legislaturas republicanas de Florida y otros estados han intentado suprimir la enseñanza de la verdadera historia de la esclavitud de los negros, el genocidio indígena y el racismo estructural en Estados Unidos, para lo cual alegan que ese tipo de enseñanzas perturba a los estudiantes blancos. Afirmar, como hizo el Comité Judío Estadounidense, que «eventos que reúnan a escritores, académicos y artistas con el objetivo de centrarse en la experiencia de una cultura concreta y en su arte son parte vital del entorno de los recintos universitarios estadounidenses» mientras se niega a los palestinos o a sus aliados el derecho a nombrar en los términos que ellos mismos elijan los factores determinantes de su propia experiencia cultural —el apartheid israelí, el colonialismo de asentamientos y el genocidio—, delatan las insalvables contradicciones en las que se constantemente zozobra el relato sionista.

Como hace tiempo señalara Albert Memmi en su texto clásico sobre el colonialismo de asentamientos, El colonizador y el colonizado, todo colonialista acaba por gravitar hacia el autoritarismo violento, empujado por contradicciones insuperables. «Toda nación colonial lleva en su seno las semillas de la tentación fascista» —observó Memmi. La tendencia de la cultura política israelí hacia un racismo cada vez más extremo y genocida durante las dos últimas décadas viene a corroborar la lógica de que habla Memmi, al igual que su observación, no menos mordaz, sobre las formas en que esas tendencias fascistas ejercen su influencia de vuelta en la «madre patria» o en los Estados que patrocinan el colonialismo de asentamientos. El giro del sionismo hacia la derecha, movido a ello por su incapacidad para mantener su fachada liberal una vez enfrentado a un vigoroso movimiento de solidaridad con Palestina capaz de comunicar la «experiencia de la cultura particular» de su pueblo bajo la dominación israelí, ejerce ahora su influencia destructiva en las universidades estadounidenses, en las que busca que se impongan el silenciamiento, la detención, el enjuiciamiento y el despido de quienes hagan incómodamente públicas las contradicciones y los crímenes del sionismo.

La causa común que organizaciones sionistas han hecho con el régimen fascista de Trump en su hostilidad, por motivos similares, hacia la vida intelectual y la educación genuina no es una alianza meramente contingente u oportunista. Se inscribe en la propia lógica en que se ha sustentado el sionismo desde sus inicios y que en todo momento se ha expresado de forma abierta: toda empresa colonial se ve en la obligación de eliminar tanto la presencia física como la vida cultural e intelectual de la población aborigen. La guerra genocida de Israel contra Gaza destruyó todas sus universidades pero no ha quebrado el espíritu ni la voluntad creativa e intelectual del pueblo palestino. Por el contrario, la destrucción cultural tiende a rebotar en el perpetrador, por lo que la aversión cada vez más profunda que el sionismo siente hacia el debate intelectual y la vida creativa pone de manifiesto toda la mediocridad y la rigidez espiritual características de lo que Memmi bautizó «el colonizador que acepta», agente voluntario del racismo y la deshumanización.

Queda por ver si las administraciones y los fideicomisarios de las universidades estadounidenses serán capaces de hacer acopio del valor necesario para enfrentar la presión sionista, empeñada en clausurar lo que queda de libertad de investigación y de expresión en las universidades estadounidenses y resistir las incursiones que MAGA viene haciendo en ese ámbito bajo la espuria cobertura de investigaciones sobre el antisemitismo. El historial de capitulación y colaboración preventiva acumulado hasta hoy hace poco probable que encuentren la voluntad de hacerlo. Lo cual podrá dejarnos sin otra alternativa que imaginar y realizar una transformación de la universidad y de su misión lo suficientemente radical para constituirse en su abolición o, en su lugar, abandonarla para que se hunda en las ruinas que ella misma ha hecho caer sobre sí.

Featured image: Students occupy the grounds of Columbia University in support of Palestinian rights, on April 18, 2024. Photo: Nina Berman/Redux. Courtesy of Time.

Translated from the original in English by Rolando Prats.

David Lloyd