La siguiente conversación es una versión ampliada y revisada de la entrevista titulada «¿Y las distorsiones políticas? Conversación con el filósofo Wilder Pérez Varona», conducida por Ariel Dacal Díaz y publicada en la sección «Sin Permiso» de OnCuba News el 22 de diciembre de 2025. Se publica en Communis en esta nueva versión de Dacal Díaz y Pérez Varona con la autorización de OnCuba News.
«En Cuba, estamos en un momento de transición, aunque la indefinición respecto de hacia dónde se transita es precisamente lo que marca la intensidad del conflicto. No se trata de una transición clásica, con fuerzas claras de reemplazo, sino de una crisis acumulativa en la que colapsan las certezas del viejo orden y todavía no se estabiliza un horizonte nuevo.»
— Wilder Pérez Varona
Conversación con Wilder Pérez Varona
Pensar Cuba hoy es como caminar sobre un terreno en que el mapa ya no coincide con el territorio. Se habla permanentemente de «distorsiones económicas»; pero ¿dónde quedan las «distorsiones políticas» que condicionan en no menor medida nuestra realidad?
Palabras que hemos usado durante décadas y que seguimos usando ahora para referirnos a lo que acontece en estos tiempos tan diferentes parecen haberse gastado o, al menos, ya no alcanzan a explicar lo que vivimos a diario. La crisis cubana no consiste sólo en que falten alimentos y medicinas, escasee el transporte, la inflación nos ahogue o el sistema eléctrico colapse. Es también una crisis de sentido, de legitimidad y de horizontes.
Para ayudar a desentrañar esas tensiones más allá de la urgencia cotidiana, converso con el filósofo cubano Wilder Pérez Varona, quien ha dedicado tiempo a investigar y analizar lo que considera imaginarios en disputa en Cuba y quien nos invita a tratar de dirigir la mirada más allá de la polarización habitual y a entender la densidad histórica del momento político cubano.
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Ariel Dacal Díaz
Empecemos por lo fundamental, porque a veces los términos académicos nos alejan del ciudadano de a pie. ¿De qué hablamos cuando decimos «imaginario político» en la Cuba actual?
Wilder Pérez Varona
Mira, para decirlo «en cubano», de lo que estamos hablando es de las distintas y, a menudo, diametralmente opuestas formas en que percibimos y procesamos hacia dónde se enrumba el país, qué sería lo más justo, digno, deseable, pero también qué sería posible, en un contexto moral y material que no parece ofrecer mucho margen para lograr un consenso que renueve el pacto social que llegó a alcanzarse y mantenerse durante mucho tiempo con la Revolución. De lo que estamos hablando es de la «gramática compartida» que nos permite vivir juntos, que organiza de manera más o menos coherente las expectativas, las esperanzas y los temores de la gente. En ese sentido, no estamos hablando de nada diferente de lo que ocurre en otros lugares, pero con la especificidad de que hasta hace poco tiempo habría sido inconcebible que Cuba estuviese en la situación en la que se encuentra hoy y que estuviésemos haciéndonos preguntas tan angustiosas y planteándonos la posibilidad de respuestas tan poco convincentes que no lleguen a satisfacer a una nueva mayoría.
Durante décadas, palabras como «Revolución», «independencia», «igualdad», «dignidad»… y tantas otras funcionaban como un fuerte pegamento capaz de cohesionar la experiencia social; de unir a la gente en torno a un sentimiento de pertenencia a un proyecto de emancipación nacional, que era al mismo tiempo un proyecto concreto de desarrollo social, económico, material y de imaginación y encarnación de nuevas formas de vivir, de crear, de hacer política, de relacionarnos unos con otros a todos los niveles, en la casa, la escuela, el trabajo, el espacio de interacción entre gobernantes y gobernados. No eran sólo consignas o abstracciones ideológicas; eran, por un lado, realidades imperfectas pero tangiblemente mejorables, respaldadas por medidas y avances concretos como la reforma agraria, la reforma urbana, la campaña de alfabetización, la universalización de servicios de salud y educación gratuitos y de reconocida calidad, el fomento de la igualdad de género y la igualdad racial y, cosa de la cual se habla menos pero que no era ni es menos importante, de una explosión cultural, de un florecimiento de la alta cultura, pero también de la cultura popular, sin precedentes en América Latina. Todos sabíamos lo que significaban esas palabras y qué se esperaba de cada uno de nosotros cuando escuchábamos esos términos, y había una correspondencia palpable entre el discurso de sacrificio y un cierto bienestar social, una igualdad social manifiesta, un re-conocimiento mutuo en esa igualdad. Pero, sobre todo, había una confianza en el hecho, una y otra vez probado, de que en ninguna circunstancia esa sociedad, y sobre todo los más humildes, se vería abandonada a su suerte por el Estado. Era ese el precepto fundamental, era ese el sello del pacto.
El problema hoy es que ese pegamento se secó. Esas mismas palabras ya no logran aglutinar la experiencia de la mayoría en una comunidad política (auto)reconocible, pues la vida cotidiana está cada vez más atravesada y desequilibrada por la precariedad, la inseguridad, las desigualdades, pero también por un horizonte de movilidad social muy diferente del que existió durante las tres décadas de socialismo apoyado, subvencionado y de algún modo garantizado por la Unión Soviética. Cuando el discurso oficial habla de «continuidad» o de «resistencia», a muchos les suena a hueco, porque su vida diaria está marcada por la escasez o la inaccesibilidad de bienes y servicios elementales y que antes se daban por sentado, interminables colas, extenuantes apagones, salarios o jubilaciones que no alcanzan y la sensación de que ningún esfuerzo se traduce en avances reales o en derechos efectivos. O, a un nivel más profundo, de que Cuba no es un país «normal», de que no marcha ya en sintonía con ningún otro proceso fuera de sus fronteras.
Si lo miramos con un poco más de distancia o al menos desde una perspectiva regional, lo que está en crisis no es sólo una manera de gobernar y gestionar el país, sino una forma de imaginar la relación entre Estado, ciudadanía e igualdad; en Cuba, esa crisis se vuelve más visible porque las realidades y las promesas igualitarias llegaron a calar muy hondo y muy fuerte y porque el lenguaje de la Revolución se sostuvo, durante mucho tiempo, como relato hegemónico y, además, verídico, que casi no enfrentaba ninguna competencia en discursos opuestos o alternativos.
ADD: A menudo el debate se reduce a la economía pura y dura. «El problema es que no hay dinero, o el dinero no tiene poder adquisitivo real, no hay petróleo, no hay recursos, el bloqueo lejos de aflojar cada vez aprieta más.» ¿Por qué insistes en que hay una crisis del imaginario y una crisis de legitimidad y no sólo una crisis de gestión o de recursos?
WPV: Porque los problemas económicos son hechos siempre concretos que responden a condiciones concretas, y no tanto a percepciones o interpretaciones opuestas. Lo que hace que perseverar ante tales dificultades tenga un sentido, digamos, compensatorio, por no decir «redentor», que las trascienda, que la gente las aguante o las justifique en nombre de un proyecto mayor, es el imaginario que organiza esa experiencia. Sin ese marco de sentido, la escasez deja de ser un sacrificio compartido y pasa a percibirse como una injusticia o un abuso.
Cuando ese marco simbólico se rompe, la cola del pan se vuelve una insoportable pérdida de tiempo que te roba vida. El Estado pierde la capacidad de convertir la realidad cotidiana en un relato creíble que convoque y mantenga unida a la mayoría; la gente sigue haciendo colas, pero ya no las interpreta como parte de una gesta colectiva, sino como evidencia de que algo está profundamente roto en la gestión estatal y en el pacto social.
Y esto tiene un detonante muy claro en la política económica reciente. La llamada «Tarea Ordenamiento» —con su unificación de la moneda, racionalización de los precios y recorte de los subsidios— resultó ser, más que una política mal concebida, una reforma inoportuna y mal gestionada que hizo que se disparara la inflación y se desajustara el sistema salarial; fue también y sobre todo un golpe político al corazón del pacto social, porque introdujo una redistribución regresiva en un sistema que hasta ese momento se había auto-legitimado por el principio y la práctica de la igualdad. Profundizó brechas salariales inéditas, debilitó la capacidad adquisitiva del sector estatal y trasladó el costo del ajuste a las familias y grupos más vulnerables, de modo que, en la práctica, el Estado erosionó sus propias bases de legitimidad y puso en riesgo mortal el pacto social entre gobernantes y gobernados, entre la Revolución como proyecto transmisible y renovable y las realidades de un país asediado que jamás logró despegar económicamente por encima de la justicia social alcanzada.
Para decirlo sin eufemismos, si el salario estatal hace tiempo que no protege, si la igualdad es un recuerdo cada vez más distante que se va volviendo una abstracción y si la justicia social subsiste sólo en el discurso o en la memoria de las generaciones de la tercera edad, ¿qué queda del contrato original que justificaba el sacrificio y la unidad y disciplina políticas? Ese tipo de interrogantes no se resuelven con un cambio puntual de política económica, porque tocan la raíz del imaginario político que organizó y sirvió de pegamento de la vida en Cuba durante décadas.
ADD: Tradicionalmente se nos ha vendido la idea de dos bandos irreconciliables: Revolución vs. contrarrevolución. ¿Sigue sirviendo ese esquema para entender lo que pasa hoy, o nos estamos perdiendo algo en el medio?
WPV: Ese esquema ha terminado por convertirse en una camisa de fuerza que ya no le sirve a nadie para entender el país, aunque el discurso oficial insista en usarla para atrincherarse y simplificar las cosas, reducir los conflictos a dos términos, dos polos. Durante mucho tiempo funcionó como un dispositivo de orden: si estabas «con la Revolución» tenías un lugar, y si estabas «contra» quedabas fuera; y lo cierto es que la mayoría, en mayor o menor grado, estaba con la Revolución, por las mismas razones que antes mencionaba; lo cierto es que, políticamente hablando, la Revolución se había, por así decirlo, «naturalizado» de tal modo que ya era muy difícil, si no imposible, separar en el imaginario de la gente la Revolución y el país. Hoy la realidad social cubana ha desbordado ese binarismo. Hoy la conciencia y el conocimiento que se tienen del mundo exterior han desbordado ese binarismo, esa polarización.
El campo político actual es un mosaico mucho más complejo y contradictorio. Por supuesto que existe una oposición vinculada con agendas de cambio de régimen y, en ese sentido, con la política de Estados Unidos, hoy en su punto más agresivo, lo que le brinda a esa oposición financiamiento externo, infraestructura mediática, apoyo político y diplomático y, quiéralo o no, la encauza hacia la consecución de objetivos explícitos de transición a un orden liberal dependiente y subalterno de Estados Unidos, y nada de eso es un secreto para nadie. Pero reducir todo el disenso a ese nefasto y cada vez más peligroso segmento es una forma de ceguera voluntaria que invisibiliza a actores y pasa por alto conflictos que nacen de las propias promesas interrumpidas o simplemente incumplidas del proyecto revolucionario, ya sea porque nunca fue posible darles cumplimiento o se desperdiciaron oportunidades para hacerlas realidad o simplemente no se supo hacerlo.
Pensemos en lo que ha ocurrido en los últimos años: tienes movimientos culturales y artísticos que pugnan por la libertad de creación y contra la censura, no necesariamente por la restauración del capitalismo; tienes protestas ciudadanas espontáneas que amplifican demandas materiales, civiles y políticas en barrios populares; están los movimientos feministas, antirracistas, animalistas y LGBTIQ+, que ponen sobre el tapete desigualdades y violencias que el relato de igualdad universal había ocultado; y existe también una izquierda crítica y socialista —dentro y fuera de la isla— que defiende la independencia y soberanía de Cuba, pero que quiere democratizar el país (y no necesariamente copiando o imponiendo sin más el consabido guion político e ideológico de las transiciones postcomunistas históricamente documentadas), que denuncia el autoritarismo, la corrupción y la captura corporativa de la economía.
El error trágico del Estado y el gobierno cubanos es echar todo eso en el mismo saco en que mete a «mercenarios», «anexionistas» o «confundidos». Al criminalizar por igual a feministas, periodistas «independientes», activistas de barrio, figuras mediáticas y operadores políticos externos, lo que hace es borrar matices, clausurar posibles interlocuciones e interpelaciones y radicalizar en sentido contrario a sectores que podrían haber sido (o que todavía podrían ser) aliados sociales y políticos en la realización de reformas democratizadoras, aun cuando al fin y al cabo esas reformas se hagan principalmente desde arriba. El conflicto cubano no es una simple repetición en el plano ideológico de la guerra fría, sino una disputa compleja por la redefinición de la ecuación mediante la cual justicia social, derechos de la ciudadanía, espacio civil en que sociedad y Estado se retroalimenten e independencia y soberanía nacionales puedan coexistir en condiciones de crisis estructural y asedio exterior.
ADD: Tocaste un punto neurálgico: la izquierda crítica y esos actores intermedios. Hubo un momento, hacia 2017, en que se habló mucho del «centrismo» como una amenaza al sistema. ¿Por qué crees que el sistema es tan hostil precisamente a quienes intentan matizar o proponen dialogar?
WPV: Porque el sistema político cubano, tal como está diseñado, ha operado desde hace ya casi siete décadas bajo una lógica de «unidad monolítica» que no se permite o no sabe procesar la diferencia, ni siquiera cuando esa diferencia viene de su propio bando ideológico. Digamos que lo que en un momento puede haber sido una cuestión de vida o muerte, en condiciones internas y externas muy diferentes a las de ahora —pensemos en la Cuba que va del inicio de los años sesenta a mediados de los setenta con el proceso que puso fin a la provisionalidad y puso en marcha la institucionalización de las esferas partidista, gubernamental y estatal del país y abrió un período de estabilidad que duró hasta la caída de la URSS—; eso que en algún momento fue una necesidad natural, defender a toda costa la supervivencia del país en condiciones de revolución radical y asediada, terminó convirtiéndose en segunda naturaleza. A esa luz, la campaña contra el llamado «centrismo» fue menos un debate teórico y más una operación política para deslegitimar cualquier postura que buscara reformas graduales y ordenadas, socialistas, pero que al mismo tiempo fuera crítica del autoritarismo y de la falta de una auténtica democracia socialista, popular.
Para la burocracia, el crítico socialista y hasta comunista es a veces más incómodo que el opositor radical —inveterado o de nuevo cuño— al proyecto revolucionario, porque le disputa el lenguaje de la Revolución: le recuerda que la justicia social, la igualdad material, la soberanía popular —que no es otra cosa que la participación efectiva (no formal ni estrictamente jurídica) de pleno derecho de la población en la gestión de sus propios asuntos— y la independencia nacional fueron aspiraciones y promesas concretas, no sólo estandartes ideológicos para negociar, en el discurso, la brecha entre realidad y utopía. Cuando alguien dice «quiero socialismo, pero con democracia y pluralismo», está interpelando al núcleo ético del proyecto y mostrando que hay alternativas a la dicotomía «o esto o el capitalismo salvaje».
La respuesta del Estado ha sido activar lo que Julio César Guanche ha llamado un «algoritmo de deslegitimación»: etiquetar automáticamente cualquier disenso —venga de donde venga y vaya hacia donde vaya— de amenaza a la unidad del país y a la seguridad nacional, como si toda crítica se expresara en función de la agenda de Washington. El problema de ese algoritmo es que, al anular a todo interlocutor crítico, el sistema se queda escuchando sólo su propio eco; pierde capacidad de diagnóstico y de corrección y termina enfrentándose a explosiones de malestar que ya no puede procesar, como ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando las protestas masivas desbordaron el repertorio de control y el monopolio informativo y mostraron hasta qué punto se había acumulado el descontento.
Para quienes observen desde otros países, creo que es clave que tomen conciencia de que en Cuba hay una intensa disputa dentro de las izquierdas socialista y comunista y que la actitud de refracción y cierre del Estado frente a esa disputa empuja a sectores progresistas hacia posiciones cada vez más distantes del Estado, sin que eso signifique necesariamente un alineamiento con agendas conservadoras o neoliberales.
ADD: Hablas de nuevos actores y ahí la tecnología ha sido clave. ¿Cómo cambia la política el hecho de que hoy muchos tengan en la mano un teléfono móvil y cuentas que les permiten un mayor acceso a todo tipo de redes y plataformas?
WPV: Cambia las reglas del juego de una manera que el propio Estado no llegó a anticipar. Durante casi seis décadas, el Estado cubano administró de forma centralizada y monopólica la producción simbólica: prensa, radio, televisión, cine, sistema editorial, instituciones educacionales y culturales y espacios de debate estaban articulados en torno a la idea de unidad nacional y a la autoridad del relato oficial. La conectividad masiva a internet, a partir de 2018, abrió una fisura en esa arquitectura: por primera vez en décadas el Estado perdió el monopolio de la producción de «verdad».
Internet rompió el cerco informativo, creó una contra-esfera pública en que ciudadanos comunes documentan interminables colas, prolongados apagones, actos de represión gratuita y políticamente contraproducente, casos de corrupción, y en que periodistas, académicos, influencers, activistas y expertos hacen circular diagnósticos que no pasan por el filtro de los medios oficiales. La política dejó de ser algo que ocurría sólo en las instituciones o en los discursos transmitidos por los medios y canales oficiales; pasó a producirse en tiempo real en transmisiones en vivo, hilos de redes sociales, canales de Telegram y podcasts en que se mezclan testimonios cotidianos de primera mano, análisis económicos, reflexiones políticas y humor corrosivo.
Te pongo un ejemplo muy actual de esa disputa: la tasa de cambio que publica el medio digital El Toque. Tienes al gobierno acusándolos de «terrorismo financiero» y de manipulación algorítmica, y tienes a un medio autodenominado independiente ripostando que su cálculo es sólo el reflejo de un mercado cambiario desregulado y fragmentado, donde el peso cubano ha perdido capacidad de referencia. Pero, al final del día, el ciudadano común y las mipymes miran el teléfono para decidir a qué precio vender, comprar o ahorrar; ese dato, más que la tasa oficial, organiza la vida económica cotidiana. Y, en este caso, poco importa cuál sea la agenda política de El Toque; lo que importa es la capacidad de respuesta del Estado cubano a una información difícil o imposible de desmentir.
Eso implica una pérdida de poder real para el Estado, porque deja de ser el único que define los parámetros básicos de la realidad económica. De ahí la campaña de descrédito, los intentos de regular el mercado cambiario informal y las medidas de control digital: detrás del conflicto por la tasa de cambio hay una disputa más amplia en torno a quién tiene autoridad para nombrar la crisis y para establecer qué es «realista» en la economía cubana.
ADD: Mencionas una tensión entre el «ethos del sacrificio» y las nuevas aspiraciones de consumo. ¿Cómo procesan los jóvenes esa realidad?
WPV: La retórica del sacrificio —la idea de postergar el bienestar en el presente por un futuro luminoso— funcionó mientras hubo un sentimiento compartido de misión histórica y toda una sensibilidad y disposición épicas que funcionaban a la vez como escala autorreguladora de valores y catarsis colectiva, y eso mientras existía un Estado de bienestar que, con todas sus limitaciones, te protegía de las peores formas de precariedad. Pero para un muchacho de 20 años hoy, la Sierra Maestra, Girón, la Crisis de Octubre, la Zafra de los Diez Millones y hasta Angola son fotos en un libro de historia o referencias en series y documentales que no conectan con su vida cotidiana.
Las generaciones jóvenes han sido socializadas en la escasez, pero también en la cultura global del consumo a través de las pantallas: ven cómo se vive en otras partes, comparan, imaginan otras trayectorias. Para ellos, querer unas zapatillas de marca, acceso estable a internet o la posibilidad de emigrar no es una «desviación ideológica» ni una traición a la patria; es una aspiración básica de normalidad y hasta de dignidad en un mundo donde la movilidad es una expectativa generacional.
Viven en una especie de «socialidad gentrificada», en la que el estatus y la posibilidad de proyecto de vida están marcados por el acceso a divisas, muchas veces a través de remesas o trabajos conectados al turismo o al exterior, y en la que los imaginarios de éxito y de fracaso se reorganizan en torno a esa brecha. El discurso oficial les pide comprensión, paciencia, resistencia, mientras apela a resortes que o bien se encuentran en un pasado distante o en un futuro que ya no es ni siquiera concebible, imaginable; al mismo tiempo, su realidad les exige dólares y estrategias de supervivencia transnacionales.
Si el proyecto nacional no ofrece un camino razonable para realizar esas aspiraciones de vida en la isla —no sólo consumir, sino también participar, ser escuchados, elegir y decidir sobre su propio futuro—, la respuesta seguirá siendo la que ya estamos viendo: una migración masiva que funciona como plebiscito silencioso sobre la viabilidad del modelo político y económico del país.
ADD: Cuba siempre ha estado atravesada por lo de afuera, pero ahora esa relación parece haber adquirido nuevos contornos y contenidos y una nueva dinámica. ¿Cómo entra la diáspora en esa ecuación de la que hablas?
WPP: La diáspora es hoy, en cuanto actor e interlocutor, ineludible. No podemos seguir pensando la emigración con los lentes de la Guerra Fría, como «el enemigo externo» o su «quinta columna», o, en el mejor de los casos, como «la billetera» que envía remesas para sostener el consumo interno. La diáspora se ha vuelto parte constitutiva de la nación, eso que algunos autores han llamado una «cubanidad expandida» que no cabe o no se agota dentro las fronteras del Estado.
La nación es hoy un espacio transfronterizo en expansión en que circulan remesas, pero también afectos, cadenas de cuidados, ideas políticas y culturas híbridas; la identidad cubana se construye y se disputa tanto en La Habana como en Hialeah, Madrid, Ciudad de México o Santiago de Chile, en redes digitales y en prácticas cotidianas. Esa transnacionalidad rompe el control territorial que el Estado podía ejercer sobre la ciudadanía: la gente vive físicamente en Cuba, pero gestiona su supervivencia con recursos, vínculos y referencias que están fuera del país.
Eso tiene un impacto muy profundo en las afiliaciones y las lealtades políticas. Si el Estado no te garantiza condiciones mínimas de vida y es la red familiar transnacional la que sostiene tu alimentación, el cuidado de tu salud o tu posibilidad de emigrar, ¿qué significa la ciudadanía? ¿A quién percibes como tu verdadero referente de seguridad y de futuro? ¿Al Estado que te pide sacrificios o a la familia que te envía remesas y te abre puertas en otra geografía? Además, la diáspora no es homogénea: en ella conviven exilios históricos —esos desde siempre opuestos y radicalmente hostiles al proyecto revolucionario, por no hablar ya de toda idea de socialismo—, con nuevas oleadas de migrantes que no se identifican con ese relato, pero que tampoco se reconocen en el relato oficial del Estado cubano, lo que multiplica los imaginarios en disputa sobre «qué hacer con Cuba».
ADD: También mencionas la Constitución de 2019 como un momento de «indefinición productiva». Para quien no la conoce, ¿a qué te refieres?
WPV: La Constitución de 2019 fue un híbrido en que cristalizaron muchas de nuestras contradicciones acumuladas. Fue un intento de actualizar el software del país: se abandonó formalmente la referencia al marxismo-leninismo como doctrina oficial y al comunismo como horizonte, se reconoció el derecho a la propiedad privada, se legalizó explícitamente la economía mixta y se definió a Cuba como un «Estado socialista de derecho», para lo cual se incorporaron demandas sobre derechos y garantías que venían de la sociedad civil.
Sin embargo, al mismo tiempo, se mantuvo el control político centralizado, se preservó el partido único como «fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado» y se dejaron intactos muchos de los mecanismos que restringen la pluralización política y la deliberación vinculante. Es decir, se introdujeron elementos de un lenguaje jurídico moderno sin desmontar la arquitectura institucional del centralismo, lo que generó un orden constitucional híbrido: más complejo en el papel, pero sin cambios equivalentes en la distribución real del poder.
Lo cual te deja viviendo en una tensión constante: tienes una economía que se abre a regañadientes al sector privado, una sociedad que se pluraliza, una esfera digital que desborda los cauces oficiales, pero una estructura política que sigue operando con la lógica del partido de vanguardia de los años sesenta, setenta y hasta ochenta y noventa… Esa contradicción es difícil de sostener a largo plazo; no puedes tener una sociedad diversa, digital (“conectada”) transnacional y a la vez gobernada por instituciones pensadas para una comunidad homogénea, disciplinada y analógica («desconectada»). Es en ese sentido que hablo de «indefinición productiva»: la Constitución reconoce tensiones y demandas inéditas, sólo que, al no resolverlas normativamente, las desplaza hacia el conflicto político y hacia la calle.
ADD: Frente a este panorama de fracturas, de viejos relatos que se han agotado o que han perdido poder de convocatoria y nuevos que están en disputa, ¿hacia dónde vamos? ¿Ves emerger un nuevo consenso posible?
WPV: Estamos en un momento de transición, aunque la indefinición respecto de hacia dónde se transita es precisamente lo que marca la intensidad del conflicto. No se trata de una transición clásica, con fuerzas claras de reemplazo, sino de una crisis acumulativa en la que colapsan las certezas del viejo orden y todavía no se estabiliza un horizonte nuevo.
Cuba se ha convertido, de alguna manera, en un laboratorio extremo de las crisis de hegemonía que atraviesan América Latina: crisis de representación, estallidos sociales, desgaste de proyectos que se pensaban emancipatorios, expansión de derechas radicalizadas y búsqueda de alternativas democráticas que no repitan la receta del mercado desregulado ni la del Estado autoritario o que es un mal gestor. Lo que pasa en la isla resuena en procesos que tienen lugar en Chile, Colombia, Brasil, Venezuela o Nicaragua, pero con la especificidad de una revolución socialista que construyó durante décadas una legitimidad fuerte basada en pilares como la justicia social, la igualdad, la independencia y la soberanía, el internacionalismo y el antimperialismo.
Se trata de imaginar un futuro que evite la restauración neoliberal pura y dura —que en América Latina ya mostró su capacidad de producir exclusión masiva, privatización de la vida y un «sálvese quien pueda» devastador—, pero que tampoco se quede atrapado en el actual atrincheramiento autoritario, que en nombre de la independencia y de la soberanía termine asfixiando la diversidad y deteriorando las condiciones de existencia de la mayoría. La disyuntiva no puede seguir siendo «capitalismo salvaje o statu quo»; esa dicotomía ya no organiza la experiencia de amplios sectores de la sociedad cubana.
El reto es avanzar hacia un horizonte democrático y soberano en que la justicia social y la libertad política no sean dimensiones enemistadas, sino condiciones mutuas de cualquier proyecto emancipador creíble. Es esa la disputa real de hoy en día: la de imaginar una democracia soberana en la que la igualdad no cueste la libertad y en la que la soberanía no sea un pretexto para aplazar indefinidamente el pleno ejercicio de derechos imprescriptibles e inalienables.
En ese sentido, más que un nuevo consenso ya dado, lo que existe es un campo de conflicto y experimentación: prácticas comunitarias, activismos sectoriales, izquierdas críticas, iniciativas artísticas y mediáticas que están ensayando lenguajes y formas de organización que no encajan del todo en las categorías heredadas. El desenlace se sitúa en un terreno abierto, y es ahí donde Cuba, con todos sus dolores, sigue siendo una interrogante incómoda pero necesaria para la imaginación política latinoamericana.
Featured image: Juan Francisco Elso (1956-1988). From the series Por América. Photo courtesy of the Museum of Contemporary Art, North Miami.





