“Property as Warfare: Building on Genocide in Gaza”, de Brenna Bhandar y Alberto Toscano, apareció originalmente en Portolan el 6 de noviembre de 2025. Se tradujo al español y se publica ahora en Communis con la autorización de ese medio y de los autores.

«Para comprender la eficacia de los planes contra Gaza y Palestina —en cuanto diagramas neocoloniales de poder, política, acumulación y tiempo— es fundamental poner de relieve la manera en que, como parte del mismo proceso mediante el cual se trata de hacer que se extingan los derechos y la existencia política de los palestinos, se reclutan y se utilizan como arma de guerra formas jurídicas de propiedad con su propia herencia colonial.»

— Brenna Bhandar y Alberto Toscano

O cómo convertir en arma de guerra la propiedad en Gaza

El martes 9 de septiembre de 2025, la Fuerza Aérea israelí bombardeó un complejo residencial de la calle Wadi Rawdan, en pleno centro de Doha, en una operación dirigida a eliminar a un grupo de negociadores de Hamás. Ese ataque contra el territorio soberano de un aliado de Washington, donde tiene su sede el cuartel general de avanzada del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en la base aérea de Al Udeid, pareció alterar el cálculo político del genocidio en Gaza. Hayan tenido o no los gobiernos de Estados Unidos y Qatar conocimiento previo del ataque, ambos expresaron públicamente su consternación por la imprudencia y el impacto negativo de la acción en las negociaciones en curso, si bien el anuncio hecho a mediados de octubre por Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, acerca de un acuerdo para construir una instalación militar en la base aérea de Mountain Home, en Idaho —en la que se apostarían aviones de combate F-15 y pilotos qataríes— habría podido interpretarse como señal de un cierto grado de coordinación entre bastidores. Al parecer, ni siquiera se había tenido la cortesía de advertir al Reino Unido, que en los momentos mismos en que se perpetrara el ataque con misiles llevaba a cabo maniobras militares conjuntas con Qatar en el espacio aéreo sobre Doha. Según observara Andreas Krieg, profesor de Estudios de Defensa del King’s College, Israel había asumido «un grave riesgo con esa imprudente operación». En total, en el lapso de 24 horas, Israel bombardeó cinco territorios diferentes: Qatar, Túnez (donde se lanzaron ataques con drones contra la flotilla de Gaza), Siria y el Líbano (donde Israel ha violado miles de veces el alto el fuego, según la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano).

El ataque a Doha pareció exacerbar la conciencia entre algunos gobiernos occidentales de que Israel da muestras de una actitud cada vez más desquiciada, mientras que, por su parte, su principal valedor se muestra no menos imperturbable a la hora de violar con flagrante impunidad leyes nacionales e internacionales. En cuestión de días, a la indignación mundial por el bombardeo contra Doha siguió un torrente de declaraciones de gobiernos occidentales en las Naciones Unidas sobre el reconocimiento del Estado de Palestina.

Planes de borradura

Hace casi un siglo, Frantz Fanon sostuvo que en entornos coloniales era imposible que se materializara ningún reconocimiento efectivo, es decir, mutuo, ya que el sujeto colonizado, constituido a través de las fantasías raciales del colonizador y de sus manifestaciones materiales, jamás podría evadir los límites espaciales y temporales de la pulsión psicopolítica colonial, antes de alcanzarse la plena liberación. La «violencia sanitizante» de la lucha anticolonial era una forma de nombrar la senda hacia la ruptura política. Algunos estudiosos contemporáneos (entre ellos Nasser Abourahme e Ilan Pappé) han planteado la idea de que el genocidio que ha tenido lugar en los últimos dos años —presagiado por años de asedio y múltiples y letales ataques contra Gaza durante la última década, pero desatado con toda su furia tras la operación Inundación de Al-Aqsa— marca el comienzo del fin del sionismo en cuanto proyecto político de supremacía judía y apartheid en la Palestina histórica.

No obstante, independientemente de si a largo plazo Gaza acabe siendo la tumba del sionismo[1], ¿cómo debemos interpretar no sólo la dilatoria hoja de parra diplomática del reconocimiento del Estado palestino, sino también y sobre todo el futuro neocolonial e hipercolonial en que se enmarcan y se implementan la «paz» y la «reconstrucción» en Gaza?

Por otro lado, tanto Jared Kushner, yerno de Trump, como Steve Witkoff, enviado a Oriente Medio, han calificado los ataques de Doha de «punto de inflexión» que condujera al plan de 20 puntos de Trump y al alto el fuego entre Israel y Hamás. En la misma entrevista para el programa de la CBS 60 Minutes, Witkoff añadió: «Estamos trabajando con un grupo de personas que llevan dos años elaborando planes maestros.» Como ha explicado Sara Roy, el plan firmado por Trump el 9 de octubre de 2025 —redactado con la colaboración del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su asesor Ron Dermer, Kushner y Witkoff, en consulta con ocho gobiernos de mayoría musulmana y árabe (Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Pakistán e Indonesia)— pertenece a un «corpus» mucho más amplio de propuestas de procedencia, sustancia e intención diversas que han visto la luz en los últimos dos años. A su vez, esos planes son sólo la más reciente encarnación de la misma práctica que, en ese ámbito, ha estado dirigida contra Palestina y los palestinos: diseñar futuros en que se haya extinguido el derecho de los palestinos a la libre determinación, se hayan enajenado para siempre sus tierras, sus medios de vida y su liberación y se haya pacificado de forma definitiva su resistencia. Como nos recuerda Roy:

Al mismo tiempo que se imponía un control cada vez más severo sobre Gaza, Israel y sus benefactores occidentales, se dieron a conocer una serie de planes para mejorar, reconstruir o rehabilitar el territorio. Una lista nada exhaustiva comprendería el Plan de Gaza para el año 2000 (plan confidencial elaborado por el Gobierno israelí en 1986, copia del cual pude obtener tres años más tarde); los planes ideados en la década de los noventa por organizaciones internacionales para convertir a Gaza en el «Singapur de Oriente Medio»; el acuerdo de Gaza-Jericó de 1994 y el protocolo de paso seguro que conecta Gaza con la Ribera Occidental (ambos parte de los Acuerdos de Oslo); las visiones de infraestructura que acompañaron la apertura del Aeropuerto Internacional de Gaza en 1998 y la tensa construcción del Puerto Marítimo de Gaza en 2000; la Hoja de Ruta para la Paz presentada por Estados Unidos en 2003; la Zona de Libre Comercio de Gaza, propuesta hecha en privado en 2004; el plan de retirada israelí de 2005; el plan «Arc» para un Estado palestino, elaborado por la RAND Corporation en 2005; la isla artificial de Gaza propuesta por Israel en 2011; el mecanismo de reconstrucción de Gaza de 2014 negociado por el Gobierno israelí, las Naciones Unidas y la Autoridad Palestina; el plan «Paz para la prosperidad» propuesto por Trump en 2020; y el plan de desarrollo de Gaza propuesto por Israel en 2021.

Si bien se presenta como el único horizonte concebible para la paz, el plan de 20 puntos de Trump, junto con otros proyectos mucho más detallados que tratan de determinar las formas jurídicas, económicas y políticas específicas del futuro de Gaza, debe considerarse contrario a varios preceptos básicos del orden jurídico moderno. De hecho, la Gaza que el plan de Trump y los documentos conexos redactados por think tanks occidentales y proisraelíes están tratando de construir —con la activa participación o la connivencia pasiva de las principales potencias de Asia Occidental y del Golfo, así como de la Unión Europea— sería la tumba de toda noción de derecho internacional en la que se hiciesen valer la soberanía y la libre determinación y en virtud de la cual se pudiesen llevar ante la justicia a quienes cometieran el crimen de genocidio.

El primer y decisivo paso en ese proceso de extinción de los derechos nacionales, sociales y humanos de los palestinos es el primer punto del plan de Trump: «Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no suponga una amenaza para sus vecinos.» Requisito no negociable para lograr tal objetivo es que las víctimas de una campaña genocida que dura ya dos años y prosigue su marcha —muchas de las cuales se ven hoy enfrentadas al hambre, la inanición, las enfermedades, la debilidad y la falta de hogar, por no hablar del profundo malestar psicológico y el trauma— se desarmen y renuncien a toda pretensión de gobierno propio. La desradicalización equivale en este caso a desmilitarización más despolitización, o lo que durante mucho tiempo los administradores de la contrainsurgencia colonial denominaron pacificación. Se trata de un mundo patas arriba, en que el genocidio no sólo se ha visto evacuado e invisibilizado del modelo del «día después», sino en el que además los intereses del Estado acusado de genocidio —el más egregio de todos los crímenes en el léxico del orden jurídico internacional emanado de la Segunda Guerra Mundial— tienen precedencia sobre los derechos de las víctimas.

En el momento de redactarse el presente artículo, los palestinos de Gaza habían sido blanco directo de nuevos bombardeos y masacres bajo múltiples pretextos, entre ellos el de que Hamás no había devuelto los cadáveres de los prisioneros israelíes, a pesar de que el grupo había solicitado equipo especializado para recuperar y repatriar los cadáveres de los rehenes israelíes fallecidos, lo cual es de presumir que se había vuelto necesario debido a la gravedad de los bombardeos israelíes durante los últimos 24 meses. Entre el inicio del alto el fuego el 10 de octubre y el día 30 de ese mismo mes, en el curso de numerosas violaciones, Israel mató a 211 palestinos en Gaza e hirió a muchos más, lo que llevó a Médicos Sin Fronteras a afirmar que semejante comportamiento entrañaba la perpetuación del genocidio en marcha. Como en una ocasión dijera ingeniosamente el poeta e intelectual palestino asesinado Refaat Alareer: «¿Alto el fuego? Lo que suele ocurrir en la Palestina ocupada es que los palestinos hacen un alto e Israel sigue disparando.» Aun así, mientras continúan los disparos, con la declaración del alto el fuego la atención internacional y los intereses materiales siguen volviendo la mirada hacia el «día después», es decir, hacia escenarios de reconstrucción que tienen como base la negación del genocidio, la evasión de toda responsabilidad y el aplazamiento indefinido de toda cuota de justicia. Como sostendremos a continuación, para comprender la eficacia de los planes contra Gaza y Palestina —en cuanto diagramas neocoloniales de poder, política, acumulación y tiempo— es fundamental poner de relieve la manera en que, como parte del mismo proceso mediante el cual se trata de hacer que se extingan los derechos y la existencia política de los palestinos, se reclutan y se utilizan como arma de guerra formas jurídicas de propiedad con su propia herencia colonial.

El plan de 20 puntos de Trump estuvo precedido por otros dos planes cuya impronta parcial en aquel es visible, a saber: el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Gaza, la Aceleración Económica y la Transformación (GREAT) y el plan de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA). Según informara The Washington Post, la propuesta del Fondo Fiduciario —que adoptara la forma de una presentación de PowerPoint distribuida internamente en la Casa Blanca y que posteriormente se filtrara— «fue elaborada por algunos de los mismos israelíes que crearon y pusieron en marcha la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel y que actualmente distribuye alimentos dentro del enclave. La planificación financiera corrió a cargo de un equipo que en ese momento trabajaba para el Boston Consulting Group». El plan GITA, cuyo borrador obtuvo y dio a conocer el periódico israelí Haaretz, se originó en el Instituto Tony Blair para el Cambio Global del exprimer ministro británico, entidad que, según trascendiera en el verano de 2025, se había involucrado en un plan para la posguerra en Gaza «dirigido por empresarios israelíes y que utilizaba modelos financieros elaborados por la empresa de consultoría estadounidense Boston Consulting Group (BCG)».

Si bien divergen en algunos aspectos de su orientación, el plan de Trump, GITA y GREAT se solapan de manera sustancial en su autoría colectiva, por así decirlo, y en sus imaginarios político-económicos. En todos ellos se conjugan, por un lado, marcos hegemónicos de consultoría de gestión y, por el otro, una concepción de la gobernanza y el desarrollo que, en no poca medida, trata el orden jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial como si nunca hubiera existido. Unos y otros se lanzan de cabeza en el horizonte neoliberal autoritario de enclaves privatizados, zonas económicas especiales y un centro logístico gestionado por redes de consejos de administración, inversionistas y fuerzas de seguridad, y en ellos no se hacen sino referencias pasajeras al marco jurídico en cualquier forma reconocible. Como ha demostrado la académica palestina Rafeef Ziadah, ya está en marcha la construcción de semejante futuro por medio de la «infraestructura de la normalización» que «se está montando pieza a pieza, a través del hormigón, los contratos y los cables». Es esa la base material emergente, por así decirlo, de la superestructura de los planes. Cada uno de los documentos y planes que se han publicado o se han filtrado o sobre los cuales se ha especulado (incluidos sus anexos secretos) saca ventaja de la eliminación de los palestinos, de un mandato neocolonial para la gestión y posible expulsión de una población sometida y de planes de desarrollo económico que, en palabras de Ziadah, reducen Gaza a un prospecto de inversión: «ni siquiera los más desafortunados planes estadounidenses de ocupación de Iraq y Afganistán —escribe Ziada— imaginaron tan abiertamente el territorio como una administración fiduciaria al servicio del capital global.»

El uso del fideicomiso como forma jurídica para promover designios coloniales tiene una historia reciente en la región y una historia más larga a nivel mundial. El Mandato Británico, que durara de 1920 a 1948, fue un «sagrado fideicomiso de civilización» cuyo imperialismo racista negó a los palestinos su derecho a la libre determinación. Como la mayoría de las formas modernas de propiedad, su instancia pública suele revestir la misma lógica que su forma privada. El fideicomiso colonial da lugar a una relación fiduciaria entre la autoridad colonial y sus beneficiarios autóctonos; paternalismo que, paradójicamente, vincula a los pueblos indígenas a las relaciones coloniales de poder, por cuanto el acceso a la tierra, el gobierno propio y el control económico se mantienen «en fideicomiso». En Canadá, por ejemplo, las tierras de las reservas siguen estando en fideicomiso de la Corona «en beneficio» de las Primeras Naciones, relación que se codificara en la Ley india de 1876, acta legislativa de carácter eminentemente colonial. En las propuestas del GREAT y de la GITA, el fideicomiso adopta una forma empresarial en la que los beneficiarios no son los palestinos, sino los donantes e inversionistas, con lo que cual se borra a los palestinos como sujetos colonizados con algún vínculo reconocible con la tierra o el territorio, que a su vez se reconceptualizan como activos financieros. Si bien durante mucho tiempo las aventuras coloniales se han financiado con ayuda de empresas especulativas, el interés de los inversionistas en las compañías coloniales dependía de una afirmación convincente del imperium (poder ejecutivo supremo) a partir del cual florecieran las relaciones extractivas del dominium (propiedad absoluta). Es en ese momento que se va más allá de la lógica de terra nullius, que la tierra y el territorio se convierten en res nullius, es decir, en una serie de activos, objetos de inversión, extracción y bienes inmuebles que no son propiedad de nadie, mantenidos en fideicomiso para los donantes e inversionistas multinacionales.

La búsqueda por el GREAT de valor en las ruinas de Gaza prolonga el antihumanismo capitalista —la acumulación por eliminación— que se enunciara en el plan que Joseph Pelzman, profesor de la Universidad George Washington, presentó al equipo de Trump en julio de 2024 y que al parecer condujo a ese instante epifánico en que al Presidente estadounidense se le apareciera Gaza como la «Riviera de Oriente Medio». En el plan se hace referencia a una «administración civil/gobierno electrónico» bajo el control de inversionistas extranjeros, que «compran» acciones en Gaza en virtud de «un acuerdo de arrendamiento por 50 años». Según Pelzman, ello «requiere que el lugar se vacíe por completo… que literalmente se vacíe y se excave de nuevo».

El GREAT igualmente revive una forma colonial conexa: la custodia. En lo que podría denominarse una especie de imperialismo de red (en consonancia con la forma en que la derecha tecnológica habla del Estado de red), la forma de gobierno que se establecería en la Gaza administrada por el Trust se define como «custodia multilateral» (término de siniestras resonancias para los palestinos, cuya depuración étnica y despojo durante la Nakba se produjeron bajo la supervisión de un custodio israelí de bienes de personas ausentes).

En el plan del Fondo Fiduciario, la atrocidad de la destrucción del 80-90 % de la infraestructura civil de Gaza se ve reducida a una oportunidad de inversión: el costo estimado para la reconstrucción de viviendas permanentes asciende a una ganancia prevista de aproximadamente 50.000 millones de dólares para el sector inmobiliario; costos que en el caso del Fondo podrán verse compensados por el aumento del número de habitantes de Gaza que «abandonarían voluntariamente» la franja. Cada aspecto del plan reformula el genocidio y la depuración étnica como variables de un programa de desarrollo económico; de llevarse a cabo, esos planes sin duda supondrían el fin de toda noción viable de derecho internacional y el inicio de un retorno, impulsado por la tecnología, a una época en que la violencia genocida y la destrucción se convertirían en los fundamentos «jurídicos» de facto de la acumulación capitalista. Lo que imprime al actual momento rasgos distintivos en los 500 años de historia de la violencia perpetrada impunemente por la acumulación primitiva colonial es el hecho de que esos planes se den a conocer en los mismos momentos en que la Corte Internacional de Justicia ha declarado que Israel es un Estado de apartheid y en que cientos de juristas internacionales y expertos en estudios sobre genocidio han calificado al régimen de ocupación, apartheid y genocidio de lo que es. Por el contrario, el GREAT propone efectivamente utilizar los efectos del genocidio de los palestinos para hacer de Gaza un activo en dificultades, cuyo valor se calcula en 320.000 millones de dólares estadounidenses en 2035.

El Fondo Fiduciario «será propietario de entre el 30 % y el 45 % de las tierras de Gaza», lo que supone un valor previsto de entre 100.000 y 135.000 millones de dólares estadounidenses para 2035. ¿Es el 30 %-45 % una cifra aleatoria? Aproximadamente el 30 % de las tierras de Gaza son de propiedad estatal, si bien, como señala el Consejo Noruego para Refugiados, gran parte de las tierras de propiedad estatal están ocupadas por particulares, tanto de forma lícita como ilícita. Esas tierras, que literalmente constituirían la base de un nuevo y reconocido Estado de Palestina, se convierten en propiedad exclusiva de un fondo fiduciario privado multinacional, según un arreglo en virtud del cual se asignan 323 pies cuadrados por persona para alojar de forma permanente a las familias de Gaza en apartamentos de nueva construcción. En la Columbia Británica colonial del siglo XIX, a cada una de las familias indígenas se les asignaban aproximadamente 20 acres en tierras de reserva, que el gobierno colonial todavía hoy mantiene en fideicomiso, con lo cual es posible desbrozar el máximo de terreno para los colonos y sus infraestructuras. El valor racial se codifica en la propiedad y en formas particulares de usufructo de la tierra; en Gaza, la precisión con que se determina la cantidad de pies cuadrados por asignar y los ingresos que se prevé obtener a cambio es resultado de la guerra urbana en el doble sentido de borradura y extracción: una guerra que ha destruido literalmente los hogares de Gaza y que también ha sentado (o, mejor dicho, arrasado) las bases para la extracción de valor por medio de bienes raíces financiarizados.

La reterritorialización —es decir, la profunda remodelación del territorio y de las relaciones jurídicas, materiales, políticas y metabólicas que encarna— sigue siendo fundamental para el proyecto colonial. Los anteriores derechos de propiedad y el apego a la tierra, el mar y la costa no han dejado de ser un problema fundamental para los promotores inmobiliarios de asentamientos. Desde 1948, los sionistas han recurrido a una amplia gama de métodos legales, además de la guerra abierta, para enmascarar la ilegalidad de la negación de las reales y abundantes formas de propiedad y usufructo de la tierra y el mar por palestinos físicamente presentes. El plan de la GITA propone cínicamente la creación en Gaza de una «dependencia de preservación de los derechos de propiedad» (PRPU, por sus siglas en inglés) sin que para ello se tenga en cuenta cómo la devastación causada por más de dos años de ataques haya afectado a los derechos de propiedad existentes.

En flagrante contraste con los llamados Principios Pinheiro, concebidos con el fin de asegurar la protección de los derechos a la vivienda, la propiedad y la tierra de las personas desplazadas, la PRPU propone ayudar a quienes «abandonen voluntariamente» Gaza por medio del registro y la protección jurídica de su derecho al retorno o a la propiedad de sus bienes. Aunque no se pronuncia sobre el genocidio, la GITA «no facilita ni respalda el traslado de la población, pero se asegura de que todos los movimientos voluntarios se realicen de conformidad con el derecho internacional y la protección de los derechos». El plan de la GITA delega en la PRPU, en lugar de la ya existente Autoridad Territorial Palestina, la función de documentar «la tenencia de la tierra, los derechos de vivienda y las reclamaciones de propiedad antes de la salida [de los palestinos]». La PRPU también «trabajará en consulta» con los «pilares» de supervisión legislativa y jurídica propuestos por la GITA para «codificar las protecciones jurídicas y las reclamaciones de bienes en transición», término que sigue sin definirse. Al parecer, no es sólo el derecho internacional lo que ha dejado de existir para los consultores de gestión en jefe, sino también toda la matriz de leyes nacionales que ya no tienen validez alguna en Gaza.

Saquear y castigar

En 2014, la «Operación Margen Protector» de Israel se saldó con 2.251 palestinos muertos y más de 11.231 palestinos heridos, entre ellos varios miles de niños, en el lapso de cincuenta días. Según informes posteriores de la UNRWA, «118 instalaciones de la UNRWA sufrieron daños, entre ellas 83 escuelas y 10 centros de salud. En total, más de 12.600 viviendas quedaron totalmente destruidas y casi 6.500 sufrieron daños graves. Casi 150.000 viviendas más sufrieron daños de diversa gravedad y permanecen inhabitables». La magnitud de los daños ocasionados en 2014 impulsó a diversos actores no gubernamentales a abordar la cuestión de los derechos de propiedad en Gaza; el Consejo Noruego para Refugiados, por ejemplo, elaboró ocho fichas informativas sobre la propiedad de la tierra en Gaza. La devastación de más del 80 % del entorno construido como un aspecto más del momento actual hace que la atención se dirija hacia la temporalidad del genocidio como fundamento del proyecto a largo plazo del colonialismo de asentamientos. Si bien la abrumadora atrocidad de la devastación y la actual crisis de hambruna, desplazamiento y muerte plantean las más inminentes y urgentes demandas, el proceso de despojo a largo plazo por medio de la conversión de la propiedad en instrumento de guerra está integrado en los planes de reconstrucción.

La cuestión del registro de la propiedad de la tierra ha ocupado durante décadas el centro de la atención de la agenda internacional para el desarrollo. Si bien el registro (y la formalización) de los títulos de propiedad de la tierra, en particular para los pobres y marginados, se ha visto aclamado como un paso necesario para insertarse adecuadamente en las relaciones capitalistas de propiedad y trabajo, durante mucho tiempo las autoridades coloniales se han valido del registro de la propiedad para negar y subvertir la propiedad indígena de la tierra. En Palestina, el registro de la propiedad es un fenómeno complejo: son más de 26 las legislaciones aplicables al registro de la propiedad en Palestina (tanto en la Ribera Occidental como en la Franja de Gaza) y tres los sistemas de registro de la propiedad: el otomano, el británico y el jordano. Si bien en la mayoría de los casos no han logrado impedir que los colonos creen hechos consumados sobre el terreno, los títulos de propiedad tienen como objetivo garantizar la seguridad de la propiedad; en Palestina siguen siendo una tecnología jurídica para afianzar y «modernizar» la tenencia de la propiedad, tanto en previsión de un futuro Estado burocrático racional como con la esperanza, cada vez más tenue, de que sirva de baluarte contra el despojo que tiene lugar hoy en día.

Como ya se ha señalado, aproximadamente el 30 % del territorio de la Franja de Gaza lo ocupan terrenos que son de propiedad estatal, mientras que hasta el 50 % de los terrenos cuyos títulos de propiedad se han asentado en los registros de la Autoridad Territorial Palestina son privados. Sin embargo, de todos los terrenos privados que hay en el territorio, hasta el 30 % carecen de títulos de propiedad inscritos. Las cuestiones relativas a la propiedad y al registro de títulos de propiedad siguen viéndose complicadas por dos categorías de terrenos en particular: los antiguos terrenos de los asentamientos y los terrenos de los campamentos de refugiados. Los terrenos de los campamentos de refugiados son propiedad del Estado o de titulares privados (que eran dueños de esas tierras antes de 1948). Esos terrenos, que originalmente comprendían ocho campamentos, han experimentado un aumento de la densidad de población desde que las autoridades egipcias establecieran sus límites originales en 1964, habida cuenta de que los refugiados representan el 66 % de la población de la Franja de Gaza, muchos de los cuales se vieron desplazados junto con sus familias hacia Gaza en 1948. Algunos refugiados tienen derecho a ocupar y utilizar sus viviendas, a la manera de un derecho de usufructo, que son objeto de compra y venta. Según una fuente, el derecho de los refugiados a ocupar y utilizar sus viviendas puede adoptar la forma de un contrato de arrendamiento por 99 años. Esos derechos no están ni registrados ni inscritos y se dirimen en un espacio informal y no regulado. Dichos derechos de usufructo pierden toda validez una vez destruido el propio bien. Por otro lado, en opinión de un destacado experto jurídico palestino, el rediseño espacial de Gaza parece ser otro intento de hacer que la cuestión de los refugiados palestinos (la mayoría de los cuales se encuentran en la Franja de Gaza) se evapore de la agenda de las negociaciones políticas. La borradura y la demolición en masa de campamentos de refugiados que se está produciendo en toda la Palestina histórica está en consonancia con los ataques contra la UNRWA, lo que a juicio de Lisa Bhungalia constituye «un intento de disolver por completo la categoría de refugiado». La Autoridad Territorial Palestina se estableció en 2002 en virtud del Decreto Presidencial núm. 10 y, desde la primera década de este siglo, ha logrado crear bases electrónicas de datos sobre el registro de bienes inmuebles y transacciones inmobiliarias. Si bien se afirma que los archivos jurídicos de Gaza fueron destruidos durante la primera fase de la ofensiva israelí en el otoño de 2023, algunas fuentes señalan que las bases electrónicas de datos que contienen los títulos de propiedad registrados sobreviven en servidores, muchos de los cuales se encuentran fuera de la Franja de Gaza. Trabajos más recientes sobre el registro indican que en este aparecen asentados los títulos de propiedad del 98 % de las tierras de la Franja de Gaza; sin embargo, luego de realizar un análisis DAFO del registro de la propiedad en Gaza, algunos investigadores han llegado a la conclusión de que el sistema de registro de la propiedad en la Franja de Gaza «es extremadamente tradicional y se basa principalmente en procedimientos no electrónicos». Por tanto, es difícil discernir la proporción de títulos de propiedad registrados (prueba de propiedad) que están digitalizados y, consiguientemente, protegidos contra su destrucción.

Organizaciones no gubernamentales, el Banco Mundial y diversas iniciativas estatales para mejorar el registro de títulos de propiedad en Palestina, en particular mediante el reemplazo de registros en papel por registros electrónicos y la adopción de técnicas de SIG para la topografía y la cartografía de las transacciones, se aferran a un plan de desarrollo económico neoliberal que busca establecer mercados inmobiliarios incluso en ausencia de todo Estado. A ese respecto, la morosa violencia del régimen neoliberal cotidiano de la propiedad sale al encuentro de la espectacular destrucción que lleva a cabo el etnoestado colonialista genocida. Si bien en el primer caso los objetivos de desarrollo parecerían estar al servicio y responder a los intereses de los palestinos, se da por sentado que la ausencia de soberanía territorial no es un obstáculo para el desarrollo inmobiliario, mientras que, en el segundo, empresas con fines de lucro se benefician de la eliminación de los palestinos, asegurando con ello que no surja ningún Estado o sistema político viable.

Como sostienen sagazmente Nur Arafeh y Mandy Turner en su propia anatomía crítica de los planes para la Gaza «de posguerra», estamos asistiendo tanto a una réplica como a una intensificación transformadora de los proyectos imperialistas de «reconstrucción» que Estados Unidos puso en marcha a principios de la primera década de este siglo en Iraq y Afganistán. Valiéndose de las lentes teóricas de la «acumulación por desposesión» y el «capitalismo del desastre» que David Harvey y Naomi Klein forjaron en respuesta a esas guerras, Arefeh y Turner ponen de relieve el «proceso de acaparamiento de tierras, extracción de recursos y especulación con la reconstrucción». Refiriéndose a otros dos planes del nefasto corpus; a saber, el mencionado plan Pelzman (o «BOT», por sus siglas en inglés, Build-Operate-Transfer; esto es, construir-operar-transferir) y el plan «Gaza 2035» de Netanyahu, sostienen que

los esfuerzos de reconstrucción impulsados por la crisis se convierten en vehículos para apropiarse de recursos públicos, confiscar tierras y transferir riqueza de manos de las poblaciones desposeídas a las de capital privado. Esas dinámicas son más visibles en el plan BOT de Estados Unidos y en el plan Gaza 2035 de Israel. El plan estadounidense representa la acumulación por desposesión en su forma más clara, por cuanto transforma el territorio palestino en una mercancía de inversión. En ese marco, Gaza se caracteriza por carecer de leyes de propiedad y, por tanto, puede ponerse a la venta en su totalidad a inversionistas extranjeros. Esos inversionistas adquirirían «acciones en Gaza» a través del acuerdo de arrendamiento, mercantilizando el territorio como un activo generador de ganancias. Los inversionistas también tendrían un control total sobre la gobernanza, las infraestructuras y la economía de Gaza. El plan promueve la privatización haciendo hincapié en la «prestación privada de servicios públicos», convirtiendo así los activos públicos palestinos en fuentes de ganancias privadas para inversionistas externos.

La profundidad de la destrucción causada por el genocidio presenta múltiples posibles transformaciones en el régimen de derecho de propiedad de la tierra, ninguna de las cuales se recoge ni se refleja en ninguna de las propuestas de reconstrucción, sino que más bien constituyen sus hipótesis de trabajo. La eliminación de familias enteras deja sin efecto la herencia, los derechos preferenciales y el patrimonio; la destrucción del 90 % del entorno construido hace que se evaporen los derechos de usufructo de los refugiados, al tiempo que barre con gran parte del patrimonio cultural de los palestinos en cuanto pueblo; la destrucción de archivos jurídicos y viviendas residenciales hará que aumenten los obstáculos de los poseedores de títulos no registrados (y de aquellos cuyos títulos registrados aún no se han digitalizado) a la hora de justificar cualquier reclamación de propiedad. En consonancia con una arraigada lógica de partición, la «línea amarilla» llamada a marcar la primera fase de la retirada israelí está siendo fortificada por puestos militares israelíes, facilitando así que las fértiles tierras agrícolas sean absorbidas por Israel, que ha decidido unilateralmente no cesar el fuego, sino simplemente ralentizarlo. De hecho, al aplicar lo que los israelíes aclaman cínicamente como «una solución de dos Estados dentro de la propia Gaza», algunos ya hablan, entre ellos el propio Jared Kushner, de que la «reconstrucción» comenzará solamente en la zona de la Franja que se encuentra más allá de la «línea amarilla» controlada por Israel y despojada de palestinos (excepto cuatro bandas compradoras que trabajan para las FDI), que comprende el 58 % del territorio. Tal como suscribe el comentarista Muhammad Shehada: «No se trata de una reconstrucción de posguerra, sino más bien de una desesperación manufacturada, impuesta a través de muros, la amenaza constante de violencia militar y redes de colaboradores. Gaza se está rehaciendo no para beneficio de su pueblo, sino para afianzar el control permanente de Israel e impulsar su sempiterno objetivo: expulsar a los palestinos de la Franja».

Garantizar la impunidad 

Independientemente de que se prolongue la partición entre «Gaza Oriental» y «Gaza Occidental», la deformación física y el envenenamiento de vastas extensiones de tierra, como consecuencia del lanzamiento por Israel de cientos de miles de toneladas de municiones sobre Gaza, afectarán al uso de la tierra y a la salud humana de formas difícilmente predecibles. En la zona oriental, que solía albergar la mayor parte de las tierras fértiles y cultivables de Gaza, las fuerzas israelíes continúan su implacable labor de demolición y devastación. Toda mención de la reconstrucción se sigue viendo acompañada del imperativo eliminacionista de la inhabitabilidad, hasta tal punto que tanto la «dubaización» de Gaza como el proyecto supremacista de «reasentamiento» judío se antojan lúgubremente descabellados. La negación de la magnitud y la naturaleza de la violencia infligida a los palestinos y a sus tierras y aguas hace que la especulación inmobiliaria implícita en los planes de reconstrucción tenga toda la traza de un delirio demencial.

La reconstrucción y el establecimiento de la paz (es decir, la pacificación) adoptan la forma de especulaciones con el genocidio que resucitan y recombinan los regímenes raciales coloniales de propiedad. Esos planes para Gaza presuponen y promulgan la extinción de las reivindicaciones palestinas y la neutralización de la agencia palestina. Por muy descabelladas que sean sus ideas de desarrollo y acumulación —desde convertir los títulos de propiedad de los habitantes de Gaza en tokens digitales hasta construir la Zona de Fabricación Inteligente de Elon Musk—, su poder performativo y preformativo es ya de por sí considerable. Como observa Giorgio Grappi en un perspicaz análisis del lugar que ocupa Gaza en el reordenamiento contemporáneo del capital y sus espacios de acumulación y circulación, «los escenarios que plantean esos proyectos deben entenderse por los efectos que generan durante su implementación».

Resumidas en el plan de 20 puntos de Trump, esas medidas constituyen un esfuerzo concertado «para impedir la independencia y la soberanía palestinas» y enterrar todo atisbo de derecho internacional bajo los escombros de Gaza. Como podemos ver por los actores que participan en su elaboración (funcionarios israelíes y estadounidenses, élites del Golfo, consultoras como BCG, think tanks como el Instituto Tony Blair, etc.), tales medidas trazan un revelador diagrama del tipo de imperialismo altamente interconectado del siglo XXI que encuentra en Gaza no sólo un futuro «centro logístico» para un orden capitalista regional «abrahámico», sino una pantalla en blanco en la que proyectar una visión de la «civilización» capitalista finalmente emancipada de la propia idea de derechos sociales y políticos. En todo ello cabe ver cómo el régimen colonial genocida de propiedad res nullius es la base para tratar a Gaza como tabula rasa en la que esbozar escenarios distópicos de un desarrollo especulativo impulsado por la inteligencia artificial. Todos esos son planes para edificar sobre el genocidio, en sentido literal y figurado, y para perpetuar la impunidad de Israel y sus patrocinadores, Estados Unidos in primis. Esos planes, además, son la fiel representación de un mundo en que se ha extinguido la noción misma de justicia o de liberación; si fuéramos a dirigir nuestra mirada más allá de nuestro horror, tal vez podríamos empezar a leer esos planes de forma forense, como inventarios de los componentes básicos que conforman los regímenes emergentes de dominación para prevenir y desmantelar los cuales debemos movilizarnos.

 

Notas

[1] «Gaza será la tumba del sionismo» es un eslogan que escuchamos en el curso de manifestaciones acontecidas en Madrid en solidaridad con Palestina y contra el genocidio. Está inspirado en el eslogan de la Guerra Civil Española «Madrid será la tumba del fascismo».

Featured image: Buildings lie in ruin, following a ceasefire between Israel and Hamas, in Jabalia in the northern Gaza Strip, on Jan. 21, 2025. Photo by Dawoud Abu Alkas/Reuters. Courtesy of PBS.

Translated from the original in English by Rolando Prats.

Brenna Bhandar, Alberto Toscano