“Antifa is Everywhere”, de Alberto Toscano, aparecerá próximamente en In These Times. Se tradujo al español y se publica ahora en Communis con la autorización de ese medio y del autor.
«La defensa de los migrantes contra una violenta y racista maquinaria de deportación muestra cómo el antifascismo genuino se construye a partir de prácticas de solidaridad y no necesita colgarse la etiqueta de “Antifa” ni declarar que el fascismo es el blanco de sus acciones. Lo mismo podría decirse del movimiento de campamentos contra el genocidio de Israel en Gaza, que reinventó para estos tiempos oscuros el internacionalismo, característica definitoria del antifascismo.»
— Alberto Toscano
El jueves 13 de noviembre, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció que cuatro grupos europeos, «Antifa Ost, con sede en Alemania, junto con otros tres grupos violentos de Antifa en Italia y Grecia», habían pasado ahora a considerarse terroristas globales por Estados Unidos, tras lo cual, una semana más tarde, se añadirían a la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Antifa Ost, agrupación conocida también como la «banda del martillo», ya ha sido objeto de procesos judiciales en Alemania y Hungría, donde se la acusa de haber atacado en febrero de 2023 a algunos de los participantes en la manifestación neonazi «Día del Honor», que se celebra cada año en Budapest. Esos mismos incidentes habían dado lugar al enjuiciamiento de la profesora italiana y activista antifascista Ilaria Salis, quien fuera liberada de su arresto domiciliario en Hungría sólo después de que se la eligiera diputada al Parlamento Europeo por la Alianza Verde y de Izquierda y obtuviese así inmunidad parlamentaria. Es probable que la elección de ese grupo militante en particular fuese resultado de la presión ejercida por el partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania y por el Gobierno de Hungría, a cuyo Primer Ministro, Viktor Orbán, se lo había agasajado con un cálido recibimiento en la Casa Blanca apenas una semana antes.
Los tres grupos restantes, dos de Grecia y uno de Italia, no son realmente «antifascistas», sino formaciones anarquistas revolucionarias responsables principalmente de algunos ataques con cartas bomba y explosivos contra cuarteles de policía y ministerios gubernamentales y, en el caso de la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional de Italia, del ataque con arma de fuego contra el director general de una empresa de energía nuclear hace más de una década. La alegación por el Departamento de Estado de que esos grupos «conspiran para socavar los cimientos de la civilización occidental por medio de brutales ataques» es, cuando menos, exagerada; la idea de que unos grupos de escasa membresía y medios rudimentarios se verán paralizados por la imposibilidad de acceder a cuentas bancarias estadounidenses es descabellada. ¿Por qué tanto alboroto por unas agrupaciones minúsculas y marginales que no suponen amenaza alguna para la seguridad nacional de Estados Unidos?
La clave está en las declaraciones de Rubio. En ella se califican las recientes designaciones de medida de apoyo al Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7), por medio del cual, dos semanas después del asesinato del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, y tres días después de que Trump firmara la orden ejecutiva «Designación de Antifa como organización terrorista nacional», se señaló al «antifascismo» como el «grito de guerra organizador» de una red difusa, pero bien financiada, resuelta a derrocar al gobierno estadounidense, propagar el anticapitalismo, el anticristianismo y el antiamericanismo y promover el «extremismo en materia de migración, raza y género».
Como han observado varios analistas jurídicos, aun cuando en el Código de los Estados Unidos se tipifique la figura del terrorismo doméstico, «ninguna ley estipula la designación de organización terrorista interna». Ello no quiere decir que las órdenes y los memorandos presidenciales carezcan de efecto. Al contrario, como ha observado Thomas E. Brzozowski, exasesor en materia de terrorismo doméstico del Departamento de Justicia, aunque difícilmente la designación de «Antifa» resista el menor examen jurídico, «sigue siendo eficaz desde el punto de vista de la aplicación de la ley en las calles, en las dependencias bancarias de cumplimiento de normas y en las plataformas de redes sociales». O, en palabras del profesor de Derecho de Georgetown Steve Vladeck, «el espectro de la clasificación de determinados grupos como “organizaciones terroristas nacionales” es un ejercicio simbólico jurídicamente vacío pero retóricamente peligroso» que ejerce presión sobre las personas y las instituciones para que cumplan por anticipado. Al igual que con no pocas de las acciones del gobierno de Trump, el ejecutivo prefiere disparar primero y preguntar después, cuando sale en búsqueda de fundamentos jurídicos retroactivos para su interminable espectáculo de medidas ejecutivas. Es la conclusión a la que llega Brzozowski: «la democracia no muere en las tinieblas; se la puede sofocar en plena luz del día por medio de una serie de declaraciones que quebranten las normas y que nunca habrán de ser del todo repudiadas.»
El gobierno estadounidense, especialmente interesado en alegar presuntos vínculos entre «Antifa» y organizaciones no gubernamentales progresistas e instituciones de la sociedad civil a las que, luego, pueda perseguir o clausurar, está sin duda tratando de establecer o, al menos, de simular autoridad jurídica. Según se señalaba en la NSPM-7, la Fiscalía General puede atribuir la designación de organizaciones terroristas nacionales. La Fiscal General de Trump, Pam Bondi, intentó hacerlo con la acusación lanzada en octubre contra los miembros de lo que denominara «célula de Antifa en el norte de Texas», presuntamente responsable del ataque armado del 4 de julio contra un centro de detención en Alvarado del Departamento de Seguridad Nacional. Su definición de Antifa como «una empresa militante formada por redes de individuos y pequeños grupos que en lo fundamental se adhieren a una ideología revolucionaria anarquista o marxista autónoma» se ajustaba estrechamente a la formulada el 22 de septiembre.
Sin embargo, a pesar de su fuerza intimidatoria, la designación de terrorista nacional sigue siendo demasiado vacía desde el punto de vista jurídico para satisfacer las ambiciones represivas de la Casa Blanca, tal como expuso Stephen Miller tras el asesinato de Kirk. En declaraciones al Vicepresidente JD Vance, quien en esa ocasión sirviera de anfitrión del podcast de Kirk, Miller —quien también calificara de «organización extremista nacional» al Partido Demócrata— se comprometió a que todos los recursos de investigación y represión del Gobierno federal se dedicarían a «detectar, desarticular, desmantelar y destruir esas redes y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro para el pueblo estadounidense».
El 8 de octubre se celebró una mesa redonda en la Casa Blanca para debatir sobre «Antifa». En ella participaron Trump, Miller, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el director del FBI, Kash Patel, la Fiscal General Pam Bondi y un grupo de influencers y activistas de extrema derecha, entre ellos Jack Posobiec, conocido por difundir la teoría conspirativa del «Pizzagate». Posobiec, quien informó en la reunión de que Antifa «llevaba casi cien años existiendo en diversas formas, en algunos casos desde la República de Weimar en Alemania» (¡es decir, desde el fascismo!), también afirmó que ahora mantenía «vínculos internacionales en toda Europa occidental». El activista y periodista Andy Ngo, ideológicamente de extrema derecha, propuso que se designara como organización terrorista extranjera al «brazo internacional» de Antifa. Cuando un periodista le preguntó si impulsaría dicha designación, Trump respondió afirmativamente, diciendo: «Hagámoslo, Marco [Rubio]».
Habida cuenta de los enormes poderes discrecionales que conlleva la inclusión en la lista de «organizaciones terroristas extranjeras», especialmente en lo que se refiere a las acusaciones de apoyo material y financiero —como atestigua el procesamiento a principios de la primera década de este siglo de los Holy Land Five—, no es de extrañar que en el seno del gobierno de Trump y en su entorno se hable tan a menudo de tratar a «Antifa» como una organización terrorista extranjera. Por cuanto «Antifa» no es el nombre de ninguna organización oficial, sino de la más laxa de las redes e identidades, y dado que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a colgarles la etiqueta a las entidades y los fenómenos más diversos —desde grupos anarquistas griegos hasta movilizaciones contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)—, la designación de «Antifa» como organización desataría un arsenal represivo potencialmente ilimitado. El Fondo Internacional de Defensa Antifascista, organización que recauda fondos para antifascistas que se vean enfrentados a la represión gubernamental, entre otros en Hungría, ya ha cerrado su infraestructura de recaudación de fondos en Estados Unidos en respuesta a las órdenes de Trump.
Tal como señala Brzozowski, la designación de terrorista extranjero podría implicar desde la desnaturalización «de cualquier ciudadano naturalizado que haya asistido a una contramanifestación, haya donado a un fondo de defensa jurídica o haya expresado su apoyo a los principios antifascistas» hasta enjuiciamientos por responsabilidad civil y desde la vigilancia intrusiva ejercida al amparo de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera hasta los efectos disuasorios que todo ello tendría sobre el discurso y la investigación académicos. La posibilidad de designar como terrorista a cualquier oposición política que pueda asociarse con el antifascismo (o el anticapitalismo, el antiamericanismo y el anticristianismo), con todas las consecuencias que ello entraña, es el ideal no tan secreto que promueve el gobierno, en particular Miller.
Si bien el asesinato de Kirk puede haber servido de pretexto acelerador de esa ofensiva jurídica y retórica contra el antifascismo, vale la pena recordar que el primer gobierno de Trump ya había intentado vincular a «Antifa» con el terrorismo. En referencia a una serie de protestas escenificadas en 2017 en Berkeley contra mítines y oradores de extrema derecha, así como a la divulgación de datos personales de agentes del ICE, el 5 de enero de 2021 Trump publicó un memorándum sobre Antifa en el que pedía al entonces Secretario de Estado Mike Pompeo que investigara la clasificación de Antifa como organización terrorista. Más tarde, Trump amplificaría las alegaciones de que los disturbios de extrema derecha del 6 de enero en el Capitolio habían sido llevados a cabo por miembros infiltrados de Antifa en colaboración con el «Estado profundo».
El objetivo final de esa endeble y grotesca resurrección del «temor rojo» de antaño —en virtud de la cual se imagina de forma inverosímil que Antifa es una red terrorista que rivaliza con ISIS en términos de amenaza y refinamiento— no son los pequeños y marginales grupos o individuos involucrados en actos de violencia en Alvarado o Budapest. Es el antifascismo popular y masivo que ha surgido en respuesta a la ocupación de ciudades estadounidenses por parte de los agentes federales que el gobierno de Trump ha desatado contra trabajadores migrantes y sus familias, así como contra ciudadanos discriminados por su raza y contra cualquiera que acuda en su ayuda. En Chicago, esa práctica antifascista cotidiana ha tejido una red de numerosas prácticas de base —«patrullas comunitarias, equipos de respuesta rápida, escoltas escolares, compra de puestos ambulantes, bocinazos y silbatazos»—, al mismo tiempo que ha encontrado eco en el gobierno de la ciudad, como cuando el alcalde Brandon Johnson preguntara a la multitud en la manifestación «No Kings» del 18 de octubre: «¿Están listos para luchar contra el fascismo? ¿Están listos para destruir de una vez por todas el autoritarismo?» La defensa de los migrantes contra una violenta y racista maquinaria de deportación muestra cómo el antifascismo genuino se construye a partir de prácticas de solidaridad y no necesita colgarse la etiqueta de «Antifa» ni declarar que el blanco de sus acciones es el fascismo. Lo mismo podría decirse del movimiento de campamentos contra el genocidio de Israel en Gaza, que reinventó para estos tiempos oscuros el internacionalismo, característica definitoria del antifascismo.
Aun así, un antifascismo popular y masivo, capaz de contrarrestar la campaña represiva de Trump, con sus teorías conspirativas sobre «Antifa», también tendrá que aprovechar mejor las bases materiales y económicas de la lucha contra el autoritarismo. Como lo demuestran las redadas del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en lugares de trabajo, los esfuerzos del gobierno de Trump por implantar una especie de estado policial fronterizo se revelan como lo que son: un ataque contra la clase trabajadora multirracial, pero especialmente contra la latina. Poner la solidaridad antifascista en el centro de la oposición a Trump y sus compinches también significará dejar claro cómo la lucha contra la política del miedo, la jerarquía, los privilegios y la dominación se basa en una visión y una práctica alternativas de la vida colectiva, en la que la seguridad y el bienestar de cada uno no se basen en la inseguridad y la privación de los demás. En su discurso de aceptación tras su victoria en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, y dirigiéndose directamente a Trump, Zohran Mamdani formuló de manera sugerente lo que podría significar el antifascismo como plataforma política integral. Tal como en esa ocasión afirmara, «si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota es desmantelando las condiciones que le han permitido acumular poder»; condiciones que, en el caso del ascenso de Trump en el mundo inmobiliario de Nueva York, implicaron el desplume de los inquilinos, las exenciones fiscales facilitadas por políticos corruptos, el debilitamiento de los sindicatos y el desempoderamiento de los inmigrantes.
En una apuesta táctica para evitar las masivas redadas del ICE y el desfinanciamiento federal con que el Presidente había amenazado a Nueva York y a su nuevo alcalde, a quien calificara de «lunático comunista al 100 %», Mamdani aprovechó su propio carisma y la adicción de Trump al espectáculo en una reunión sorprendentemente cordial celebrada en la Casa Blanca el 21 de noviembre. Aunque insistió tenazmente en la cuestión de la vivienda y en la de la asequibilidad como terreno común entre ambos, Mamdani no se retractó de su caracterización de la política de Trump. Cuando una periodista intentó sonsacarlo preguntándole si seguía pensando que el Presidente era un fascista, un jovial Trump señaló: «Puedes decir que sí. Es más fácil. Es más fácil que explicarlo.» En comentarios posteriores, Mamdani confirmó que no había cambiado de opinión.
Está por verse si la campaña de seducción que lleva adelante Mamdani logrará aplazar o suavizar la agenda antinmigrante y represiva del ejecutivo, si bien parece sumamente improbable que Trump vaya a poner trabas al ICE en Nueva York mientras le da rienda suelta en Chicago. Consciente del escaso apoyo con que cuenta entre las élites gobernantes, incluso dentro de su propio partido, a todas luces Mamdani está tratando de evitar que su agenda municipal socialdemócrata se vea saboteada desde el principio. Ello podría explicar dos decisiones recientes que han causado consternación entre sus seguidores: la ratificación en su puesto de la Comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, partidaria de la política de «ventanas rotas» que presidiera la represión de las protestas contra el genocidio, y la oposición de Mamdani a una candidatura de izquierda en las primarias demócratas contra el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, a pesar de la política firmemente proisraelí de este último, de su ineficaz centrismo y de su decisión de unirse a los republicanos para votar a favor de una moción por la que se condenaban los «horrores del socialismo».
Para que una política antifascista cotidiana logre afianzarse y construir un sentido común político, a nivel municipal y más allá, tendrá que encontrar formas de ejercer presión desde abajo sobre funcionarios electos que, aun en su vertiente más progresista, se ven obligados por el realismo y la supervivencia a llegar a acuerdos parciales con los poderes que impulsan la agenda del autoritarismo. La tarea por delante no consiste solamente en resistir al fascismo, sino en construir movimientos, instituciones y formas de poder popular que combatan las fuentes mismas del atractivo que el fascismo es susceptible de ejercer, desde la inseguridad generalizada hasta la impunidad de las élites. No debemos limitarnos a luchar contra los efectos del fascismo, sino también desmantelar sus causas.
Featured image: Antifa Dwarf/2013 Athens Sografou Greece/Julia Tulke/Flickr. Image licensed under Creative Commons.
Translated from the original in English by Rolando Prats.
